Dentro del proyecto de Ley Tudela hay algunas contradicciones que nos llevan a entender a quién está favoreciendo esta propuesta. Es importante, pues, solo así podemos entender cómo reaccionar ante la coyuntura.
Empecemos con el artículo 6, 6.2: “El monto asignado para el otorgamiento de estímulos no podrá superar el 50% del coste de la producción cinematográfica o audiovisual.” Lo cual significa que el otro 50% del dinero necesario para realizar el proyecto, debe venir o de una tercera persona natural o jurídica. Quiere decir que los medios de producción para realizar una obra audiovisual ya no recaen en su mayoría en los realizadores, si no en quien disponga del capital. Que en la mayoría de los casos no son los realizadores independientes.
No es raro entonces que el siguiente artículo sea: “Artículo 7. Apoyo económico proveniente de donaciones” Claro, estas “donaciones”, o como comúnmente llamamos a evasión de impuestos, provendrán de empresas con gran capital. Haciendo más difícil que los realizadores locales desarrollen una dinámica de producción propia e independiente,
Ahora, esta ley intenta usar un lenguaje muy positivo, muy educado, como quien usa eufemismos o nombra palabras que están en boca de todos últimamente, como en el Artículo 13. Archivo cinematográfico y audiovisual. Que no es más que una muestra pobre del poco entendimiento de lo que es y significa tener una Cinemateca Nacional. Una cinemateca no es solo “… Un archivo destinado a la custodia de obras cinematográficas y audiovisuales peruanas”. No solo se trata de, “… evitar su deterioro, destrucción o pérdida, garantizando con ello la conservación, recuperación y exhibición del patrimonio audiovisual de la Nación, en cualquier medio o plataforma”. Se trata sobre todo de un espacio de Diálogo, un lugar material que represente la nueva memoria audiovisual del Perú, porque debido a nuestra poca labor de conservación, el 70% de películas producidas en territorio nacional ya no existen. Dar por sentado que existe un archivo y llamarlo Cinemateca, es un chiste.
Por último, casi el resto de páginas se encargan de justificar la ley, y es aquí donde aparecen las contradicciones y el principal germen del problema. “En ese sentido, se observa que la intención de la norma no es promover la inversión en el Perú gracias a la industria cinematográfica, sino, únicamente, fomentar la creación de obras audiovisuales en favor de la cultura nacional, con prioridad en poblaciones específicas.” Es decir, que el problema para la congresista Tudela es que al elegir la creación de obras audiovisuales en favor de la cultura nacional y dando prioridad a poblaciones específicas, significa que estamos “desperdiciando” ese capital. Cuando lo que estamos haciendo es repartir recursos a poblaciones, regiones y comunidades, quienes también tenemos derecho a recibir apoyo del estado para manifestarnos desde el cine u otras artes.
Dice también, “La falta de incentivos reales para invertir en producciones audiovisuales ha resultado en que seamos un país poco atractivo para la industria, perdiendo oportunidades de inversión en diversos sectores relacionados, como el turismo, la hotelería y el audiovisual.” Porque para la congresista, los incentivos que han asegurado la producción de las películas peruanas los últimos años no son incentivos reales, porque si no estamos hablando de producciones internacionales, o de producciones de estreno comercial, entonces no estamos hablando de industria, o de cine.
Ahora, con esto yo creo que ya es imposible no ver desde que lado se erige esta ley que al parecer busca un: “Cambio de paradigma, hacia un enfoque de promoción de la inversión privada, independientemente del país de procedencia, raza, sexo, entre otros”. Aquí lo que se nos está diciendo es, el que puede conseguirse ese 50% de inversión privada, es quien puede hacer cine. Esta ley centrada en una necesidad casi irracional de la “inversión”, no toma en cuenta nada más que el capital. No le interesa nadie más que el empresario, que el inversor, que el patrón, que el terrateniente.
Lo peor de todo es que este tipo de leyes, ignoran las necesidades reales de las personas que trabajan en el sector audiovisual. Ignoran las necesidades reales de los espectadores y las posibles audiencias. Ignoran las necesidades de los jóvenes y niños. Están tan despegados de la realidad que prefieren darle el poder y los medios de producción a empresarixs como en un acto de caridad. Como si el cine y el arte fuera eso que se hace por caridad. Por evadir impuestos. Por dar una buena imagen de marca. Y lo peor, lo peor de todo, es que solo hablamos de las artes audiovisuales. Todo lo demás, qué.
Así funciona para esa élite de poder, el cine es un espacio político, y el rechazo de esta ley es también una posición política. Quizá luego de preguntarnos todas estas cosas, empiece un nuevo debate, y podamos reflexionar que así se siente cuando una ley te afecta, así se sienten las personas que salen a las calles a ejercer su derecho a la protesta. Así se siente cuando en un gobierno ilegítimo, con reprobación del pueblo, nos dicen que les parece mejor para nosotros, sin tener idea.
Con todo lo descrito, podemos darnos cuenta de que esta ley nos está sugiriendo quién tiene permitido hacer cine en este país, y está claro, que es siempre la persona con los bolsillos llenos…
Por: Javier Lazo