Luego de intentar deshacer la Junta Nacional de Justicia, después de intentar prescribir los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el periodo del conflicto armado interno, luego de presentar una ley que delimita la delincuencia organizada, el Congreso Peruano ha atentado contra la sociedad civil y su libertad de expresión a través del cine. Derecho que todos los ciudadanos en democracia pensábamos que estaba a salvo.
Por medio de una máscara burocrática llamada la nueva ley del cine, o “Ley Tudela”, precisamente en su artículo 13, el Congreso anunció la censura previa de cualquier material cinematográfico que contravenga a la defensa nacional, la seguridad y el orden interno del país, o que vulnere los principios reconocidos en la constitución y el ordenamiento jurídico peruano. Es decir, encarga a la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura, la tarea de expedir certificados de buena conducta a los realizadores de material fílmico con el fin de ser aptos concursantes de sus fondos.
¿Cuál fue el motivo principal detrás de los cambios realizados a la ley de los estímulos para la cinematografía peruana? Al parecer, la anterior ley se trataba de un decreto de urgencia que los congresistas consideraban imparcial pues se había realizado a través del poder ejecutivo y los gremios cinematográficos, sin intervención del poder legislativo que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra. Lo que no explican es que la ley fue aprobada en primera instancia por el propio congreso, y luego ratificada por la Junta de Ministros.
¿Se realizó alguna consulta con los gremios y expertos del tema antes de proponer el cambio de ley? La congresista Adriana Tudela confirmó que no había dialogado en ninguna ocasión con los representantes de la industria cinematográfica en el país. Todo lo contrario, Tudela presume de antemano conocer la negativa de los gremios a los que afecta directamente el cambio de ley.
¿Por qué el Congreso tiene la necesidad de reformar una ley de la que poco o nada se había preocupado hasta ese momento? ¿Por qué ni siquiera se preocupó en investigar la posición de la industria cinematográfica? ¿Qué culpa tiene el cine?
En el 2019, se estrenaron en salas comerciales 36 películas peruanas. Eso fue antes de que se aprobara la anterior ley de cine en un decreto de urgencia del 9 de diciembre del año pre covid. En el 2024, la cinematografía nacional alcanzó un hito sin precedentes. Tres películas peruanas, Vaguito, Vivo o muerto y Chabuca, ocuparon simultáneamente las primeras posiciones de audiencia en la taquilla comercial. Además, la presencia de dos películas de autor, La piel más temida y Yana-Wara, marcó un récord de cinco películas nacionales en cartelera simultáneamente. Con más de 750 mil espectadores, este hito puso de manifiesto la creciente popularidad del cine peruano, tanto en términos de producción de películas comerciales como independientes.
¿Cómo fue posible el crecimiento de una industria cinematográfica en el país? Los esfuerzos para sustentar los costes necesarios de las producciones audiovisuales tanto de parte del estado como de la empresa privada, cubría la demanda. El constante apoyo económico del ente gubernamental lograba establecer un horizonte esperanzador para la cinematografía peruana. Especialmente en las regiones, donde no existen empresas lo suficientemente grandes como para financiar proyectos fílmicos de gran envergadura.
En medio del nuevo boom del cine peruano, una película remeció la escena política nacional y revivió el fantasma de la apología al terrorismo. Se trata de “La piel más temida”, un drama familiar de unos emigrantes peruanos que retornan luego de años al país. Ambientada en los años del conflicto armado interno, la película hizo enojar a varios congresistas.
Para fortuna de ellos, Adriana Tudela tenía una reforma a la medida. En pocas semanas, la denominada “ley anti cine”, pasó de ser un proyecto que la misma congresista afirmaba que necesitaba revisiones, a una ley promulgada en tiempo récord. La excusa de tapete fue que la anterior ley era inconstitucional y beneficiaba a un grupo reducido de productores. Tan pequeño era el grupo de beneficiados que los cineastas se pueden localizar en casi todas las regiones del país.
Al parecer, el Congreso Peruano se ha encargado la tarea de imponer su parecer en cualquier ámbito posible. Desde lo judicial hasta lo cultural, pasando por encima de los principios democráticos y sin respetar los derechos fundamentales de la sociedad. Esta nueva ley de cine confirma la agresiva postura que ha adoptado el Poder Legislativo frente a cualquier respuesta crítica que no actúe o piense acorde a su modus operandi.
El cine no es una plataforma más que el gobierno de turno intenta controlar a su antojo, tal como quiere hacerlo con los otros poderes independientes. El séptimo arte es condenado al silencio, no por primera vez en la historia nacional, debido a su gran acercamiento a las masas. Es un medio estelar de nuestro tiempo, que denuncia a gran escala y expone atrocidades y crímenes que se intentaban ocultar. La gran repercusión internacional del cine peruano es, a la vez, su gran pecado. En una época que ve temblar de nuevo la joven democracia nacional. Como en siglos pasados la censura de obras literarias, ahora, la censura del cine peruano, es la primera muestra de un gobierno que empieza a contradecir las leyes del juego limpio. Estamos alertados.
Por: Freddy Aguilar Sánchez