El gobierno peruano ha dado marcha atrás en su intento de modificar la Ley de Radio y Televisión para imponer una «franja informativa» obligatoria en los medios de comunicación. Esta medida buscaba que las televisoras y radios transmitan contenidos relacionados con la lucha contra la delincuencia, en el marco del denominado «Cuarto de Guerra», instancia creada para coordinar acciones en los estados de emergencia.
Tras una ola de críticas de diversos sectores que calificaron la propuesta como una amenaza a la libertad de prensa, Arana anunció la suspensión de dicha iniciativa. Además, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con los valores democráticos y la defensa de la libertad de expresión.
Rechazo de la prensa y expertos
El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) ha expresado su profunda preocupación ante la propuesta gubernamental de establecer una “franja informativa” obligatoria en los medios de comunicación, especialmente durante estados de emergencia. La organización advierte que esta medida representa una grave amenaza a la libertad de expresión y la independencia editorial, pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Según el CPP, la imposición de contenidos informativos por mandato del Estado abre la puerta al control de la narrativa mediática y la difusión de mensajes con fines propagandísticos, debilitando el rol crítico, plural y fiscalizador de los medios. Asimismo, reafirma que la relación entre el Estado y la prensa debe basarse en el respeto mutuo y la voluntariedad, sin imposiciones unilaterales que vulneren la autonomía periodística.
Ante la creciente presión y críticas, el ministro Arana señaló que hubo una «equivocada percepción» sobre la intención de la medida.
Este episodio ha puesto en evidencia la tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, así como la importancia de proteger la independencia de la prensa en un sistema democrático. Si bien la propuesta ha sido retirada, ha dejado en claro la preocupación de distintos sectores por cualquier intento de control sobre la información que llega a la ciudadanía.
Nota de: Maria Grazia Mendoza Torres