Uno de los puntos más controversiales es la declaración del transexualismo como problema de salud mental por parte del Ministerio de Salud, documento firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista.
“A través de la Resolución Ministerial n.° 447-2024/MINSA, el Ministerio de Salud (Minsa) dispone el cese del uso de los términos transexualismo y travestismo en el capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-10).”
Aunque la entidad rectificó parcialmente tras recibir críticas de organizaciones como Promsex y el Colegio de Psicólogos del Perú, el decreto sigue vigente, contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Aborto terapéutico en Perú
El acceso al aborto terapéutico en Perú, la única forma legalmente permitida de interrupción del embarazo, sigue siendo extremadamente limitado. Un caso emblemático que expone esta realidad es el de Camila», una niña de 13 años de una comunidad indígena en el departamento de Apurímac, quien quedó embarazada tras sufrir abusos reiterados en su entorno familiar.
Pese a las condiciones extremas de su situación, las autoridades no autorizaron la realización del aborto terapéutico, y en su lugar insistieron en continuar con el embarazo. Posteriormente, Camila sufrió una pérdida gestacional espontánea. A pesar de ello, la Fiscalía inició un proceso penal en su contra, investigándola por la presunta comisión de un delito relacionado con la interrupción del embarazo.
En junio de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que el Estado peruano vulneró los derechos de la menor y urgió a las autoridades a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil producto de violencia sexual.
La normativa peruana permite el aborto solo cuando esté en riesgo la vida o la salud de la gestante, pero en la práctica el acceso a este derecho se ve obstaculizado por múltiples barreras institucionales.
Paralelamente, el sistema de salud pública se encuentra colapsado. El Colegio Médico del Perú denunció desabastecimiento crónico de medicamentos, mientras que la población con bajos ingresos recurre cada vez más a servicios privados, en muchos casos sin cobertura.
Política migratoria
Finalmente, la política migratoria también ha sido duramente criticada. El informe indica que las autoridades peruanas continuaron expulsando a personas migrantes usando un mecanismo legal conocido como “Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional». Sin embargo, estas expulsiones se realizaban incluso sin confirmar que otro país estuviera dispuesto a recibir a estas personas. Esta práctica pone en riesgo sus derechos, ya que podría derivar en una forma de “devolución forzada” algo prohibido por el derecho internacional cuando hay peligro para la persona retornada.
También exhibe que se impuso una resolución que eliminó una exención importante, anteriormente algunas personas en situación vulnerable podían acceder a un visado humanitario sin necesidad de presentar pasaporte. Esta posibilidad fue eliminada.
Además, se comenzó a exigir obligatoriamente un pasaporte válido para las personas venezolanas que quisieran obtener este visado. Esto representó un serio obstáculo, ya que muchas personas venezolanas no pueden renovar su pasaporte fácilmente debido a la crisis en su país. Como consecuencia, estas personas quedan en un limbo legal, sin poder acceder a protección ni regularizar su situación.