La tercera edición de la Feria Internacional del Libro de La Libertad no solo trajo presentaciones, autores y actividades culturales. También expuso las dificultades que enfrenta la promoción cultural en la región y en el país. A propósito del evento, organizadores y participantes recordaron los obstáculos impuestos por la gestión pública local. Denunciaron la falta de apoyo económico y la escasa presencia de autoridades durante la feria.
Los organizadores habían programado originalmente la feria para comenzar el jueves 22 de mayo en la Plaza de Armas de Trujillo, pero la reprogramaron y la trasladaron a la Plazuela El Recreo, en el centro histórico. El cambio ocurrió porque el alcalde Mario Reyna negó el uso del espacio una semana antes del inicio. Según los organizadores, esta decisión obligó a modificar el cronograma y toda la logística. También ocasionó una pérdida económica de alrededor de 30 mil soles. El burgomaestre expresó dudas sobre el impacto del evento y preguntó públicamente “cuál sería el aporte económico a la región”.
La falta de respaldo institucional se hizo más evidente durante los días centrales. Ninguna autoridad local acudió a las actividades programadas. Esta ausencia fue interpretada como una muestra del escaso interés que despierta la cultura en las autoridades.
“Trujillo merece este esfuerzo, pero lo que no merece son unas autoridades que muestren ese desdén por la cultura en estos tiempos tan convulsos”.
Periodista trujillano Lucho Caro
A esto se suma el cierre de la Biblioteca Municipal de Trujillo, que permanece inactiva desde hace cinco meses sin señales de reapertura. Para Jorge Tume, organizador de la feria, el evento fue posible gracias al esfuerzo colectivo. “Este evento se ha hecho con mucho esfuerzo y con el apoyo de la sociedad civil”, afirmó, destacando la colaboración de voluntarios y ciudadanos frente a los obstáculos institucionales.
Aunque la feria avanza con buena participación ciudadana, su contexto deja en evidencia un problema estructural. La cultura sigue sin ser prioridad para las autoridades. “No basta con declarar la cultura como un derecho si en la práctica se le relega al último plano”, concluyó Caro.
Redacción Germain Soto