El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, tendrá que dar más que explicaciones formales en el Congreso. Tres mociones de interpelación lo esperan luego de autorizar, mediante resolución viceministerial, la reducción de 2400 kilómetros cuadrados en la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Lo que para el gobierno parece un simple “reordenamiento territorial”, para expertos, gremios y organizaciones civiles es una luz verde encubierta a la minería en zona sagrada.
La medida llega apenas unos meses después de que se alertara sobre actividades mineras ilegales cerca del área protegida de Nasca. Sin embargo, el ministro firmó la modificación sin informes públicos detallados ni una consulta previa a la Unesco, entidad que reconoce al sitio como Patrimonio de la Humanidad. Tampoco hubo diálogo con el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, que ya exige su destitución inmediata.
Una coincidencia demasiado conveniente
Llama la atención que justo en el área ahora excluida de la reserva se concentren decenas de concesiones mineras y petitorios pendientes. El Observatorio de Minería Ilegal lo advirtió: 57 concesiones, 165 petitorios anteriores y 58 nuevos pedidos registrados apenas días después de la resolución. La presión sobre el subsuelo parece haber pesado más que el valor del patrimonio arqueológico.
Desde el Ejecutivo se insiste en que no se afectará la integridad del sitio. Pero, ¿quién define esa integridad cuando la nueva línea deja fuera cientos de figuras aún no estudiadas por completo? ¿Y quién responde por lo que venga después: caminos abiertos, actividad extractiva, y un modelo que reduce lo intangible a metros cuadrados?
El Congreso alista la lupa
El titular del Mincul deberá enfrentar un pliego de 11 preguntas que van desde el sustento legal hasta la aparente omisión de coordinación internacional. La sesión en el Pleno será decisiva: si sus respuestas no convencen, una moción de censura podría ser el siguiente paso.
En un país donde el patrimonio suele ser un obstáculo para proyectos más rentables, la pregunta de fondo no es solo si se vulneró la ley, sino si se cruzó otra línea: la de preferir la presión de ciertos intereses frente a la protección de la historia.
Redacción por Germain Soto