La modificación del perímetro protegido de las Líneas de Nazca no solo contó con un respaldo técnico exprés. A pocos días de su publicación, empresas vinculadas a familiares de funcionarios del Ministerio de Cultura y a Guzmán Belizario Mamani, candidato de Alianza para el Progreso solicitaron derechos mineros sobre terrenos que antes eran intangibles. La Fiscalía ya investiga el caso.
Seis días después de que el Ministerio de Cultura recortó en 42 % la reserva arqueológica de las Líneas de Nazca, una persona presentó un nuevo petitorio minero sobre los terrenos liberados. El predio, inscrito como “Águeda 1”, lo había solicitado en 2018 Augusto Gutiérrez Achulla, hermano de Jeanette Gutiérrez, actual subdirectora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica.
El reportaje de Lima Gris señala que “el área ya no contaba con protección arqueológica” y detalla que, tras la muerte de Augusto Gutiérrez, un tercero volvió a solicitar el mismo predio apenas una semana después del cambio del polígono.
La Fiscalía investiga a la funcionaria del Mincul por un presunto delito de negociación incompatible. “La subdirectora de la DDC también tiene petitorio minero desde el 2018; ella sabía que no se podía, pero su familiar pidió y lleva su nombre: Águeda 1”, denunció la abogada Noemy Castañeda.
En paralelo, el empresario minero y candidato a la alcaldía de Nasca por Alianza para el Progreso (APP), Guzmán Belizario, también solicitó 800 hectáreas ubicadas dentro de la zona recortada. Su empresa, Inversiones Mineras GBM, figura en el sistema Geocatmin. Según la misma fuente legal, “se ha recolectado un millón de soles. Esta ha sido una gestación del grupo minero, de la facción del mismo Jorge Bravo”.
Diversas denuncias acusan a Belizario Mamani —amigo del alcalde de Nasca, Jorge Bravo (APP)— por robo, contaminación ambiental y minería ilegal agravada. En 2022, la Fiscalía también lo sindicó como presunto financista de una organización criminal. Las autoridades locales facilitaron la reactivación de la presencia de Belizario Mamani en terrenos que antes estaban protegidos, gracias a su cercanía con él.
En abril, desde Fuerza Popular, se impulsó además un borrador de proyecto de ley para excluir zonas del polígono arqueológico bajo el argumento de “armonizar conservación y desarrollo económico”.
“Creo que todo está gestado políticamente por Alianza para el Progreso”, insistió Castañeda. En la sesión descentralizada del Congreso celebrada el 29 de mayo —un día después de la publicación de la resolución— ni APP ni Fuerza Popular protestaron por el recorte.
Pese al retroceso formal del Mincul, organizaciones patrimoniales advierten que lo ocurrido sienta un precedente: con suficiente presión política, las zonas protegidas pueden reconfigurarse al servicio de proyectos extractivos, aún si comprometen sitios declarados Patrimonio Mundial.
Que los nuevos petitorios mineros hayan coincidido con el recorte del polígono protegido no es una casualidad: es la evidencia de cómo se planifica el despojo. Cuando el territorio se convierte en botín electoral, el patrimonio deja de ser herencia cultural para convertirse en moneda de cambio. La pregunta ya no es quién lo permitió, sino cuántas veces más puede repetirse.
Redacción por Germain Soto