Con 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, el Congreso respaldó a Arana y su gabinete, apoyando propuestas como la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la posibilidad de enviar a reos extranjeros a cárceles en El Salvador, un país con un modelo penitenciario ampliamente criticado por violaciones a los derechos fundamentales.
¿Adiós al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Arana, quien ya había impulsado debates sobre la pena de muerte cuando fue ministro de Justicia, anunció la creación de una comisión “plural” para revisar la permanencia del Perú en el SIDH, el cual está conformado por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La propuesta genera preocupación, especialmente porque el SIDH ha sido clave para que muchos peruanos accedan a justicia internacional cuando el Estado ha fallado. Casos como La Oroya, La Cantuta, Azul Rojas Marín y Celia Ramos son solo algunos ejemplos.
Abandonar este sistema implicaría renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, y quedar fuera del alcance de la Corte y la Comisión Interamericanas.
Aunque no es una idea nueva —pues desde hace años algunos sectores del Congreso y el Ejecutivo han mostrado rechazo a las decisiones de la Corte IDH— esta propuesta cobra fuerza en un contexto delicado. Incluso la presidenta Dina Boluarte, acusada de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, ha manifestado estar dispuesta a discutir esta salida.
¿Reos a El Salvador? Un modelo de cárcel sin derechos
Otra de las propuestas controversiales del premier fue el traslado de los presos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen. Arana mencionó directamente a El Salvador, donde se encuentra el CECOT, la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele.
Este modelo ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Human Rights Watch, debido al uso sistemático de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Tomar como ejemplo ese sistema implicaría aceptar un enfoque en el que los derechos humanos no tienen espacio.
No solo Arana ha hecho esta propuesta. La congresista Katy Ugarte también la ha planteado, argumentando que significaría un ahorro para el Estado. Pero los números muestran lo contrario. Según Nery Mabel Reyes, directora de Noticias de Radio YSKL de El Salvador, el gobierno de Bukele cobra a Estados Unidos más de 200 dólares diarios por cada preso extranjero —unos 73 mil dólares al año por persona— mientras que en Perú, el INPE invierte solo 30 soles diarios por interno.
Un camino peligroso
Las propuestas del premier Eduardo Arana no son solo polémicas, sino profundamente riesgosas para el presente y el futuro de los derechos humanos en el Perú. Abandonar el sistema interamericano y adoptar modelos penitenciarios represivos no es “mano dura”, es renunciar a principios básicos de justicia y dignidad.
El país necesita soluciones firmes, sí, pero también respetuosas de los derechos. Copiar recetas autoritarias y desmontar las garantías internacionales solo debilitaría más nuestras instituciones. Porque cuando se apagan las alarmas del Estado de derecho, nadie queda verdaderamente protegido.
Redacción por Germain Soto