En mayo de 2025, una investigación de Lima Gris, evidenció que el Ministerio de Cultura adjudicó a la arqueóloga Karla María Alarcón García el puesto de coordinadora de la Dirección de Certificaciones, en el marco de la convocatoria CAS N.° 216-2025-MC. Sin embargo, su elección ha generado cuestionamientos, ya que no cumpliría con un requisito esencial: haber dirigido intervenciones arqueológicas.
El cargo exige experiencia comprobada en la conducción de Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), Proyectos de Evaluación Arqueológica o gestión de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), labores que requieren trabajo de campo. No obstante, los antecedentes laborales de Alarcón muestran un desempeño exclusivamente administrativo dentro del propio ministerio, sin haber liderado acciones técnicas sobre el terreno.
En su ficha de postulación, Alarcón consignó haber realizado “gestión de CIRAs”, una formulación ambigua que, pese a no acreditar experiencia técnica en campo, bastó para superar la etapa eliminatoria de evaluación curricular.
A ello se suma un proceso irregular: inicialmente, el concurso fue ganado por Luis Felipe Mejía Huamán, pero una fe de erratas corrigió el resultado y colocó a Alarcón como accesitaria. Mejía no firmó contrato, y Alarcón asumió el puesto, pasando de un salario de S/4,500 a más de S/11,200 mensuales.
Fuentes internas señalan que la convocatoria habría estado dirigida inicialmente a Ruth Quispe Calderón, allegada a la viceministra Moira Novoa, pero, al filtrarse esa intención, se optó por Alarcón, considerada una figura de confianza ya instalada en el cargo.
La Dirección de Certificaciones es estratégica: de ella dependen las autorizaciones arqueológicas para grandes proyectos de inversión pública y privada. Por eso preocupa que la selección haya priorizado los vínculos personales por encima de la experiencia técnica.
Este caso no solo pone en entredicho la transparencia del proceso, sino que también evidencia el debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura. Cuando los criterios técnicos ceden ante intereses políticos, el patrimonio que se busca proteger queda a merced del favoritismo y la improvisación.
Redacción por Germain Soto