La construcción del proyecto Ágora en La Recoleta pone nuevamente en debate un desafío crónico para Arequipa, definir los límites del crecimiento urbano frente a la necesidad imperativa de proteger el patrimonio y el legado arquitectónico que le valió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Entre tanto, la empresa promotora, Hestia-Coimser (H&C Inversiones Inmobiliarias SAC), impulsa un complejo comercial de más de 17 mil metros cuadrados. Arquitectos, urbanistas, colectivos y organizaciones defensoras del patrimonio sostienen que la propuesta representa un riesgo para uno de los paisajes más emblemáticos del Centro Histórico y para la cuenca urbana del río Chili, considerada parte fundamental de la identidad arequipeña.
De acuerdo a la Asociación Actuemos Perú, junto a organizaciones como Guardianes del Patrimonio y Plataforma de Protección del Patrimonio, las entidades presentaron un informe técnico en el que cuestionaron la viabilidad del proyecto. Al mismo tiempo denunciaron haber recibido cartas notariales tras expresar públicamente su oposición.
Según el expediente presentado por los colectivos, el proyecto Ágora contempla la construcción de 17 401 metros cuadrados techados sobre un terreno de 3 487 metros cuadrados, donde se proyectan 108 oficinas, tres grandes locales comerciales, siete restaurantes, gimnasio, salas de coworking y 141 estacionamientos, con capacidad para recibir a 2 268 personas.
Todo ello se ubicaría en un sector considerado altamente sensible por su cercanía al puente Grau, el monasterio de La Recoleta y la cuenca urbana del río Chili. Para los especialistas, la principal preocupación no es únicamente el tamaño del edificio, sino el impacto que una infraestructura de esa magnitud tendría sobre un espacio que forma parte del paisaje histórico de la ciudad.
«Los malls no pueden instalarse en el centro»
El arquitecto urbanista Luis Maldonado Valz, integrante del equipo que sustentó la declaratoria de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, sostuvo que el proyecto constituye una intervención incompatible con el entorno urbano. «Ya el hecho de instalar un mall ahí es malo. Los malls no pueden estar en el centro; deben ubicarse en la periferia. Estamos hablando de un punto que ya soporta una enorme carga vehicular. Imagínense cientos de vehículos entrando y saliendo diariamente, además de miles de personas concentradas en un solo lugar», afirmó.
Para Maldonado, la afectación trasciende el aspecto visual pues el sector de La Recoleta constituye uno de los accesos históricos al Centro Histórico y forma parte del paisaje asociado al río Chili, elemento que dio origen a la ciudad desde tiempos prehispánicos. «Lo que se pretende instalar es una masa arquitectónica sumamente agresiva. No solamente afectará la imagen del lugar; también modificará completamente su funcionamiento».
Si bien es cierto la construcción de este mall supondría afectaciones en el patrimonio cultural, el impacto también afectaría el lado funcional. A la fecha, el entorno del puente Grau constituye uno de los principales puntos de conexión de la ciudad entre el Cercado, Yanahuara y Cayma, soportando diariamente una intensa circulación vehicular. Incorporar un centro comercial en ese espacio incrementaría considerablemente la congestión. «Ya existe un conflicto de tránsito permanente. Un mall atrae cientos de vehículos durante todo el día. Esa realidad es incompatible con una zona histórica que fue concebida para otra escala urbana», afirmó Luis Maldonado.
Las observaciones técnicas
La oposición se sustenta principalmente en el incumplimiento de diversas normas urbanísticas locales, tres específicamente.
La primera corresponde a la Ordenanza Municipal N.º 115-2001, que aprueba el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y establece que las edificaciones ubicadas en el sector de La Recoleta no pueden superar una altura equivalente a 1.5 veces el ancho de la vía, con un máximo de cuatro pisos.
Conforme a los planos del proyecto, el edificio alcanzaría entre 16,20 y 20,05 metros de altura, cuando el límite permitido sería de aproximadamente 11 metros, además de no respetar los retiros municipales establecidos.
Los colectivos sostienen también que la iniciativa vulneraría las Ordenanzas Municipales N.º 739 y 755-2012, que declaran intangible la cuenca urbana del río Chili, así como la Ordenanza N.º 961-2016, correspondiente al Plan de Desarrollo Metropolitano, que exige la opinión favorable de la Superintendencia del Centro Histórico para cualquier intervención en ese espacio.
En el ámbito nacional, también cuestionan el cumplimiento de la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la cual establece criterios específicos para las construcciones ubicadas en ambientes monumentales.
Según Actuemos Perú, incluso un informe emitido por la Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial, Informe N°31-2026-MPA/GCHZM, concluye que el proyecto «no cumple con lo establecido en la Ordenanza Municipal N.º 115-2001 ni en la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones en relación con alturas de edificación permitidas y retiros municipales».
«No hablamos de cualquier terreno»
Para el arquitecto Carlos Rivas Sastre, presidente de la Asociación Actuemos Perú, el debate no solo se basa en una licencia de construcción. «No hablamos de cualquier terreno. Arequipa nació alrededor del río Chili. Desde la época incaica, el río permitió desarrollar toda la campiña mediante las acequias. Cuando llegaron los españoles, aprovecharon precisamente ese mismo espacio para fundar la ciudad. El Puente Grau, La Recoleta y este sector forman parte del origen mismo de Arequipa», explicó.
Carlos Rivas recordó que fue precisamente la UNESCO la que, durante una misión realizada en 2008, recomendó establecer mecanismos especiales para proteger este paisaje urbano. Fue a partir de esa recomendación que se elaboró la ordenanza que declara intangible la cuenca urbana del río Chili. «No es una ocurrencia reciente; es una política de protección que responde a compromisos internacionales asumidos por el estado peruano».
Cuestionan a la Dirección Desconcentrada de Cultura
Por otro lado, uno de los cuestionamientos más severos estuvo dirigido a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Ministerio de Cultura en Arequipa. Aproximadamente tres semanas atrás , Harold Loli Rosales, director de dicha entidad, desmarcó a su institución del conflicto al aclarar que ellos no se encontraban evaluando el proyecto, puesto que la revisión y posterior aprobación, de acuerdo con Harold Loli, son competencia exclusiva de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Además, el funcionario puntualizó que el terreno destinado a la obra no se encontraba dentro del centro histórico reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que estaba catalogado como una zona de tratamiento especial bajo la regulación de las normativas municipales.
Según el arquitecto Luis Maldonado, la institución encargada de proteger el patrimonio debería asumir una posición mucho más firme frente a proyectos de esta naturaleza. «Hacemos una invocación a las autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Ellos juegan un papel de defensores del patrimonio, y por el contrario, están haciendo un papel de deterioro. De afectación del patrimonio. Eso es gravísimo. Es grave que los encargados de cautelar el patrimonio sean los que autorizan justamente la degradación del patrimonio».
En la misma línea, Rivas recordó que el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura asigna a las direcciones desconcentradas competencias relacionadas con la protección, fiscalización y gestión del patrimonio cultural. «El órgano que tiene que velar por la cultura justamente es la Dirección Desconcentrada de Cultura. Si ellos hicieran esto, nosotros no tendríamos que estar saliendo como sociedad civil para poder suplir estas deficiencias. Ellos deberían asumir justamente estas situaciones».
Denuncian cartas notariales
Paralelamente, la Asociación Actuemos Perú también informó haber recibido dos cartas notariales remitidas por la empresa H&C Inversiones Inmobiliarias S.A.C., promotora del citado proyecto.
En dichos documentos se exige el retiro de un comunicado ciudadano y la retractación pública de las declaraciones realizadas contra el proyecto, bajo advertencia de iniciar procesos penales por presunta difamación agravada y acciones civiles por daños y perjuicios. A entender de los denunciantes, esta medida constituye un intento de desalentar la participación ciudadana.
«Nos están tratando de amedrentar con denuncias civiles y penales. Nosotros todos estos sustentos los hacemos técnicamente. Estamos anteponiendo lo que significan las normas y los informes de la propia Dirección Desconcentrada de Cultura, donde intervino el arquitecto Gonzalo Bayón, y también los argumentos y los informes de la Gerencia del Centro Histórico. Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier ciudadano o incluso los medios de comunicación por expresar una opinión sobre el patrimonio de Arequipa», declaró Carlos Rivas.
El presidente de la asociación aseguró que la organización mantendrá su posición, la protección de la ciudad es un tema menester que incumbe a la población en general. «La protección de la ciudad es un tema que deberíamos tener todos. Es un tema moral», puntualizó.
Los colectivos solicitaron finalmente que la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Ministerio de Cultura revisen nuevamente el expediente antes de otorgar cualquier autorización definitiva al proyecto. A su criterio, el caso Ágora no representa únicamente una discusión sobre una inversión privada, sino un precedente para futuras intervenciones dentro del entorno patrimonial de la ciudad.