En un país donde más del 90 % de la población desaprueba la gestión presidencial, y quién ocupa el Palacio de Gobierno haya duplicado su sueldo resulta, como mínimo, una mera provocación. Dina Boluarte, presidenta de facto del Perú desde diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, percibe actualmente un sueldo de más de S/35.500 mensuales (casi 9.700 dólares), luego de que se oficializara un incremento que elevó su remuneración desde los anteriores S/16.000 (aproximadamente 4.300 dólares). Este aumento se sustentó en una propuesta formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un informe solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros, basado en un estudio técnico que compara sueldos presidenciales en la región.
Una brecha creciente entre el poder y la ciudadanía
Con apenas un 3 % de respaldo ciudadano —según la encuestadora Ipsos—, Boluarte encabeza un gobierno considerado ilegítimo, cuestionado por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, escándalos de corrupción, crisis institucional persistente y una clara desconexión con las demandas urgentes del país. En contraste, la clase trabajadora ha visto escasos avances. La remuneración mínima vital (RMV) estuvo congelada durante dos años y solo en 2025 aumentó de S/1.025 a S/1.130 (unos 300 dólares), un alza marginal que deja a millones en condiciones precarias, sin poder cubrir una canasta básica encarecida por la inflación.
Según ministros del gabinete, el cálculo del nuevo salario no habría sido solicitado directamente por Boluarte, sino la iniciativa provino de la propia Presidencia del Consejo de Ministros, liderada por el ex premier Gustavo Adrianzé, quien responde a ella.
Una medida ni ética ni legal
El MEF argumentó que el nuevo monto se basó en comparaciones con sueldos de mandatarios latinoamericanos, y que el Perú figura entre los últimos lugares. Por eso —afirman— la cifra “garantiza coherencia con el contexto internacional”. Algunos ministros, amparándose en la Ley N° 30057 que regula el régimen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), aseguraron que se trata de una compensación justa.
No obstante, el informe omitió un aspecto esencial: el incremento vulnera la ley. El sueldo fijado de S/35.500 supera ampliamente lo establecido en la Ley N° 28212, que regula los ingresos de los altos funcionarios del Estado. Dicha norma indica que la remuneración presidencial “no será mayor a 10 URSP (Unidad Remunerativa del Sector Público)”, que en 2025 equivale a 2.600 soles por unidad, según el decreto supremo 087-2024-PCM, emitido por el propio gobierno de Boluarte.
Además, el análisis técnico ignoró factores cruciales como la legitimidad política de la mandataria y los resultados reales de su gestión. No se evaluaron indicadores sobre seguridad, salud o economía. Tampoco se mencionó su responsabilidad por las 49 muertes y los 937 heridos durante las protestas de los años 2022-2023, ni la percepción pública sobre la corrupción y la impunidad en su gobierno.
Lo más llamativo es que, mientras se ejecutó este incremento, el MEF —bajo la gestión de José Salardi— anunció el cierre de 14 programas públicos de infraestructura para “ahorrar” S/4.000 millones hacia 2026. Entre los proyectos afectados se encuentran iniciativas fundamentales en salud, educación, agua potable, vivienda y seguridad ciudadana. Es decir, servicios básicos que afectan directamente a millones de peruanos.
La paradoja del privilegio
El salario que hoy percibe Boluarte equivale a 35 veces la remuneración mínima y la coloca por encima de los presidentes de Chile, Brasil, Colombia y Argentina, países con economías más estables y de mayor envergadura.
Esta contradicción es evidente: mientras se exige austeridad al Estado, se duplicó el sueldo de la principal autoridad ejecutiva. Se pide al pueblo hacer sacrificios, mientras desde el poder se blindan beneficios personales, intensificando la ya profunda crisis política y social.
Críticas y advertencias técnicas
El exministro de Economía Alfredo Thorne criticó el procedimiento seguido por el gobierno para oficializar el aumento salarial, señalando que, incluso si fuera justificable, debió seguirse un proceso responsable:
“Más allá de que sea justificable o no, el gobierno tiene que proceder de la siguiente forma: uno, debe realizarse un estudio que defina el sueldo de la presidenta. Porque ese monto no solo impacta su remuneración, sino que afecta toda la escala salarial del sector público”.
Thorne alertó además que no se evaluó adecuadamente el impacto fiscal de la medida y señaló un error en su ejecución:
“El Gabinete comete un error, porque la presidenta se ha aumentado el sueldo, pero su pliego, es decir, la oficina de la Presidencia de la República, no tiene los recursos para financiarlo”.
Si el MEF no autoriza el financiamiento, tendría que pedirse presupuesto al Congreso. Para Thorne, lo correcto habría sido crear una comisión técnica y que los resultados se incorporen en el presupuesto del año siguiente. El nuevo esquema, añadió, debió aplicarse desde 2026.
Por su parte, el exministro Luis Miguel Castilla expresó dudas sobre el origen del aumento:
“Esto, con toda seguridad, no nace del Ministerio de Economía y Finanzas. Alguien ha tomado esa decisión. Probablemente la misma presidenta o el primer ministro…”.
Castilla opinó que los técnicos habrían corregido la distorsión, pero sin aplicarla al gobierno actual.
Rechazo desde diversos sectores
La asociación civil Transparencia calificó el incremento como un “acto de frivolidad”, subrayando que una autoridad deslegitimada no puede decidir subirse el sueldo en medio del descontento popular.
Desde el Congreso, Alfredo Pariona (Bancada Socialista) solicitó al presidente del Consejo de Ministros los informes que justifican el aumento. Consideró la medida como una “afrenta directa” ante la pobreza, desempleo e informalidad que vive gran parte del país.
Alejandro Muñante (Renovación Popular) opinó que en un país con alta inseguridad ciudadana y alimentaria, subir el sueldo presidencial es “un acto de absoluta indolencia”. Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) lo calificó de “descaro” y exigió su anulación inmediata, recordando que los recursos deben destinarse a salud, educación y bienestar.
Una defensa en minoría
El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, mostró respaldo al incremento, argumentando que se debe valorar la función presidencial, más allá del contexto o la persona que ocupe el cargo:
“Sea Dina Boluarte, Vizcarra o quien fuera, un presidente debe tener una remuneración que le permita trabajar con responsabilidad y a tiempo completo a favor de los intereses del Perú”.
No obstante, reconoció que decisiones como esta requieren transparencia.
Una desconexión cada vez más profunda
Justificar un aumento presidencial con comparaciones internacionales, sin considerar el contexto nacional —marcado por crisis, falta de resultados e impopularidad extrema— constituye, en la práctica, un agravio al pueblo peruano.
En los últimos años, el Perú ha vivido una inestabilidad política constante: seis presidentes en menos de una década, una democracia debilitada y un sistema que no representa la voluntad popular. La decisión de duplicar el sueldo presidencial sin consulta, sin rendición de cuentas y sin evidencias de gestión efectiva, confirma que la élite política peruana sigue legislando para sí misma, al margen de la ciudadanía.
Redacción por Germain Soto