El conflicto por la propiedad del terreno donde funciona la I.E Nuestra Señora de los Dolores continúa generando preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes. El proceso judicial iniciado por el Arzobispado de Arequipa podría afectar a un total de 526 estudiantes del nivel secundario.
Padres de familia exigieron frenar el desalojo y mantener el predio para uso educativo estatal. El director de la institución, Mario Apaza Ticona, dio a conocer que el colegio habría sido creado en 1958 como parroquial. En 1970 pasó a ser un colegio nacional tras su nacionalización.
Según detalló, el conflicto surge debido a la existencia de dos documentos de propiedad sobre el mismo terreno. Indicó que en 1978 el Ministerio de Vivienda adjudicó el predio a favor del colegio nacional Nuestra Señora de los Dolores. Sin embargo, en 1984 la Municipalidad de Cerro Colorado habría otorgado también el terreno a favor de la parroquia del mismo nombre. “Lo que queremos como colegio nacional y por historia, es que todo bien destinado a educación, salud y parques es inalienable; por lo tanto, la propiedad del colegio debe darse a favor del Estado”.
A su vez, señaló que actualmente el caso se encuentra en manos del Poder Judicial. Explicó que en primera instancia el Poder Judicial falló a favor de la institución educativa, pero luego anuló esa decisión.. El pasado 22 se realizó una tercera audiencia; no obstante, el Poder Judicial otorgó nuevos plazos para que ambas partes sustenten la propiedad del terreno.
Por su parte, el expresidente de la APAFA en la institución, Emeterio Gutiérrez, indicó que el proceso no estaría relacionado con problemas de infraestructura, sino con un presunto incumplimiento de pagos hacia la parroquia. En los primeros años el colegio realizaba pagos mensuales de entre 22 mil y 25 mil soles por el uso del inmueble. Actualmente, el Arzobispado estaría sustentando el pedido de desalojo en un documento emitido en 1984.
Proceso de desalojo ratificado
Días atrás, el arzobispo de Arequipa ratificó que continuará el proceso judicial para recuperar el predio. Javier del Río Alba, sostuvo que la Iglesia tiene la obligación de proteger su patrimonio y afirmó que durante más de veinte años permitió el uso gratuito del local con fines educativos.
Además, indicó que una parte del terreno pertenece a la parroquia mediante una compra inscrita en Registros Públicos y que otra fue cedida posteriormente por la Municipalidad de Cerro Colorado. Con ello, rechazó que todo el predio provenga de una única adjudicación estatal.
Por: Hibria Mendoza.