El inicio del nuevo semestre en las universidades públicas estará marcado por la incertidumbre. Los docentes contratados que fueron nombrados bajo la Ley N.º 32171 comenzarán sus labores sin la certeza de contar con el financiamiento necesario para sus plazas, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no ha asegurado la transferencia de los recursos requeridos.
Ante esta situación, el Ministerio de Educación (Minedu) y el MEF han establecido un proceso de acompañamiento técnico con las universidades públicas, con el fin de sincerar el número real de docentes contratados que aplican a la ley y evaluar su implementación.
Promesas incumplidas y mesas de trabajo
En noviembre de 2024, la presidenta Dina Boluarte anunció un presupuesto de 246 millones de soles para la implementación de la ley, asegurando que la educación era una prioridad de su gobierno. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha definido con claridad la transferencia de estos fondos, lo que ha generado un retraso en la regularización de los contratos y podría afectar la planificación académica de miles de estudiantes.
El 21 de marzo, en una reunión entre la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), representantes del MEF, la Viceministra de Gestión Pedagógica y directores de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU), se acordó un «Cronograma de Acompañamiento Técnico» para avanzar en la ejecución de la norma.
La ANUPP ha recomendado a las universidades públicas que participen activamente en estas reuniones con un equipo técnico conformado por los responsables de planificación y presupuesto, recursos humanos y asesoría legal, además de recopilar casos específicos para abordar todas las variables que afectan la implementación de la ley.
Si bien estas reuniones representan un avance, el hecho de que los docentes inicien el semestre sin contratos plenamente regularizados deja en evidencia la falta de una decisión política firme para garantizar el financiamiento del nombramiento excepcional. La comunidad universitaria espera que el diálogo con las autoridades permita destrabar la ejecución de la ley y brindar estabilidad laboral a los docentes, así como continuidad académica a los estudiantes.