Cada 27 de mayo se celebra en el Perú el Día de las Lenguas Originarias. Una fecha destinada a reconocer la riqueza lingüística del país. Pero, más allá del homenaje, también es una oportunidad para reflexionar sobre los obstáculos que enfrentan quienes hablan estos idiomas, especialmente el quechua, la lengua originaria más hablada en el país. A pesar de su amplia presencia, el quechua es un signo de exclusión, sigue siendo sistemáticamente invisibilizado, estigmatizado y marginado en los espacios públicos, políticos y mediáticos.
No hablar español —o hablarlo con acento andino— puede significar ser objeto de burla, exclusión o incluso represión. En un país donde el idioma debería ser un puente, se ha convertido en una frontera: una que separa al ciudadano de la sierra del derecho pleno a ser escuchado, representado y respetado.
Por ejemplo, cómo olvidar el enfrentamiento entre la excongresista fujimorista Martha Hildebrandt, conocida lingüista peruana, y la exparlamentaria María Sumire, por la aprobación de una ley para proteger los idiomas nativos en 2017. Hildebrandt, quien ha escrito diversos libros sobre el español en el Perú, no solo dijo que el proyecto de ley “no sirve para nada”, también despreció “la capacidad intelectual” de las congresistas que defendían e impulsaban la norma. Esto último, debido a que Sumire y la congresista Hilaria Supa son quechuahablantes. A pesar de la oposición, el proyecto daría origen, cuatro años después, a la Ley de Preservación y Uso de las Lenguas Originarias.

Es una suerte hablar (bien) español en un país que tuvo presidentes que abiertamente menospreciaron a poblaciones campesinas e indígenas. Como Alan García (2006-2011), que en 2016 intentó negar sin éxito haber dicho que los autóctonos “no son ciudadanos de primera clase”, durante las protestas de los pueblos indígenas wampis y awajún contra las modificaciones a la ley en favor de inversiones extractivas en territorios protegidos. El conflicto llevó al llamado Baguazo y terminó con la vida de 33 personas, nativos y policías, en 2009.
El desuso forzado del quechua viene acompañado de la discriminación hacia la provincia, que provoca que algunas personas dejen de lado sus raíces para ocultarlas. No es para menos: según una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura en 2018, uno de los motivos más comunes de marginación tiene que ver con el habla.

Recordemos cuando el primer ministro Guido Bellido se dirigió en lenguas quechua y aymara a los congresistas durante la sesión del 26 de agosto en la que les pedía la confianza para su nuevo gobierno; provocó gritos de protesta, exclusión y reproches desde la bancada opositora. La presidenta de la Cámara, María del Carmen Alva, le pidió que redujera su intervención en lenguas originarias y usará el español. «Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir», le dijo, y añadió: «Los demás no le entendemos».
Así, la mala suerte de no hablar español te puede hacer acreedor al calificativo de terrorista e incluso costarle la vida. Tan solo basta escuchar las declaraciones que hizo el ex primer ministro Pedro Angulo sobre la crisis peruana de 2022, para entender que la élite política desconoce al propio pueblo y lo rechaza: “Los manifestantes traen gente de altura que no habla español, entonces cuando el policía les dice algo no entienden y siguen avanzando porque están azuzados, entonces se producen las desgracias”.
En enero de 2023, durante las manifestaciones contra Dina Boluarte, se registraron 28 muertos en las protestas. Al ver las historias de los jóvenes que perdieron la vida en ellas, se identifica un común denominador: además de la corta edad, ninguno es limeño. Los jóvenes son de Apurímac, Ayacucho, Junín, Arequipa; todas regiones andinas, donde se habla en su mayoría quechua (y otras lenguas).
Nadie puede negar el salvajismo con el que la Policía Nacional y el Ejército peruanos han tratado a los manifestantes de las provincias donde las lenguas originarias sobreviven. La violencia del Estado parece ser más cruda cuando quienes protestan no son de Lima. Hoy vemos multiplicarse la tragedia de Inti y Bryan de 2020, sin que la capital reclama con fuerza justicia para las vidas perdidas. ¿Acaso la vida de un joven quechuahablante vale menos que la de un joven limeño hispanohablante?
Numerosas personas continúan enfrentando un trato desigual y de exclusión solo por el mero hecho de hablar el quechua, un país marcado por brechas sociales y culturales que históricamente han marginado a poblaciones provenientes de regiones andinas.
Redacción por Germain Soto

