El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, está en el centro de una tormenta política. El Congreso de la República ha aprobado una interpelación que podría definir no solo su permanencia en el cargo, sino también el compromiso del Estado peruano con la memoria cultural del país.
El próximo viernes 13 de junio a las 3:00 p.m., el titular del Ministerio deberá presentarse ante el Pleno para responder a un pliego de 52 preguntas que giran en torno a tres ejes: la mutilación de la Reserva Arqueológica de Nasca, los escándalos administrativos en su gestión y el abandono sistemático del sector cultural.
Un atentado contra Nasca
Una resolución ministerial —sin estudios técnicos y sin consulta popular— redujo en más de dos mil kilómetros cuadrados la Reserva Arqueológica de Nasca-Palpa, lo que representa más del 43 % de su superficie original. La medida adoptada mediante una resolución del Ministerio de Agricultura emitida el 28 de mayo, tras un pedido de su dirección regional en Ica. Málaga calificó esta decisión como un “grave retroceso” en la protección del legado cultural del país.
“No se ha presentado ninguna serie de estudios que convenzan de que en esa área excluida no hay evidencia arqueológica. Y, por si fuera poco, el propio ministro de Energía y Minas reconoció que en esa zona hay operaciones mineras informales e ilegales. Esto es un atentado contra nuestro patrimonio”, denunció el congresista Edward Málaga.
Millones sin licitación y contratos para los allegados
Pero el recorte no viene solo. La interpelación también alcanzará presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto público. Según el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), el Ministerio de Cultura firmó un contrato directo para alquilar un inmueble para el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), por más de S/ 16 millones, sin licitación alguna, pese a que el local tenía graves deficiencias estructurales. Las reparaciones costaron otros tres millones de soles.
Vergara también denunció el caso de Shirley Hopkins Serna, quien recibió más de 127 mil soles en órdenes de servicio pese a no cumplir inicialmente con los requisitos técnicos. “Para contratarla, se redujeron los términos de referencia. ya que no contaba con las calificaciones necesarias. Esto es muy grave”, señaló el parlamentario.
Cusco protesta, el ministro calla
En paralelo, los trabajadores del Ministerio de Cultura en Cusco, epicentro del turismo y la identidad andina, realizaron una paralización en mayo que fue ignorada por el ministro. La moción 17588, presentada por Bernardo Quito (Bancada Socialista), mostrar “total indiferencia” frente a las demandas laborales del personal del Ministerio de Cultura en Cusco, y de abandonar espacios patrimoniales claves como Kuélap, Pachacámac y Machu Picchu.
“El ministro hace caso omiso a las preocupaciones y planteamientos que los trabajadores vienen exigiendo. Esto puede afectar al turismo y al funcionamiento del sector en Cusco, pero el ministro no lo atiende”, señaló Sarmiento.
Censura cultural: la denuncia contra una librería arequipeña
Para completar el cuadro, el ministro Fabricio Valencia Gibaja denunció a la librería Fabla Salvaje, en Arequipa, por usar el logo institucional en una publicación del 24 de febrero. En ella se anunciaba la presentación del libro Violencia de Estado en el Perú. La librería había sido beneficiaria de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, lo que habilitaba el uso del distintivo oficial como parte del reconocimiento institucional al proyecto financiado.
13 de junio: la rendición de cuentas
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, está al frente de una institución encargada de proteger la memoria, el patrimonio y la libertad cultural del país. Sin embargo, ha tomado decisiones que, en lugar de fortalecer el sector, lo debilitan.
Este 13 de junio, la interpelación se celebrará en una sesión ordinaria del Congreso. Podría derivar en una posible moción de censura. Sin embargo, hasta el momento no hay documentos que indiquen su preparación desde las bancadas. Esta interpelación pondrá a prueba no solo la gestión del ministro, sino también la coherencia de un Estado que no puede seguir dando la espalda a su propia cultura.
Redacción por Germain Soto