Una resolución ministerial recortó en 42 % el área protegida de las Líneas de Nazca mediante un proceso técnico exprés. Detrás del cambio, se revelan presiones desde el Congreso, pactos de estabilidad política y funcionarios vinculados a intereses privados. La medida fue anulada, pero el esquema que la permitió sigue intacto.
El 28 de mayo, la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, firmó la Resolución N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, que recortó el perímetro de las Líneas de Nazca de 5,633 km² a 3,235 km². El trámite se resolvió en 17 días. La etapa técnica, que implicaba trabajos de campo, fue programada en apenas 11.
“El ministro ha negociado su estabilidad a cambio de agilizar la resolución viceministerial”, reveló una fuente del Ministerio de Cultura (Mincul). La medida contó con el respaldo del ministro Fabricio Valencia Gibaja, cuya permanencia en el cargo se encontraba cuestionada desde el caso Shirley Hopkins.
La maniobra comenzó tras la renuncia de Alberto Martorell, ex director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, el pasado 24 de marzo. Según fuentes del propio ministerio, Martorell dimitió por negarse a avalar el recorte. Su reemplazo, Víctor Injante, reorganizó la DDC con personal afín. El arqueólogo Johny Isla, actualmente investigado por omisión de funciones, propuso formalmente la “actualización del polígono”.
A este grupo se sumaron funcionarios del Gabinete de Asesores y del Viceministerio de Patrimonio, entre ellos Alejandra Rengifo, Carlos Osores y Diego Villagómez. Todos firmaron el informe técnico que dio soporte a una medida que habría beneficiado, entre otros, a operadores mineros y aliados políticos en Nasca.
El mismo día en que se oficializó la resolución, congresistas de APP y Fuerza Popular, partidos aliados del Ejecutivo, participaron de una sesión descentralizada en Ica sin cuestionar la medida. Uno de ellos, José Luis Elías Ávalos (APP), quién celebró la decisión en redes sociales: “Tras más de 20 años de estudios (…) esta modificación no afecta su condición de Patrimonio Mundial”, afirmó.
Pese a su impacto en el patrimonio, ni APP ni Fuerza Popular firmaron la moción de interpelación contra el ministro Valencia. Diversas fuentes del Mincul interpretaron la pasividad como parte de un acuerdo político para mantener al ministro en el cargo.
El Ministerio de Cultura dejó sin efecto la resolución el 8 de junio, pero anunció que se buscará una nueva delimitación “formal y participativa”. Las organizaciones de defensa del patrimonio, en tanto, advierten que el retroceso es solo táctico.
Las autoridades no cometieron un error técnico ni siguieron un procedimiento aislado en el caso de las Líneas de Nazca. Fue una decisión política acelerada que, en apenas 17 días, debilitó la protección de uno de los patrimonios más antiguos del país. Aunque se anuló la resolución, el precedente lo dejó claro: el poder económico y los pactos políticos pueden vulnerar incluso el patrimonio milenario.
Redacción por Germain Soto