Sobre la modificación del polígono de protección de las líneas de Nazca, el ministro de cultura, Fabricio Valencia afirmó que responde a una necesidad técnica. Explicó que el trazo original, hecho en 1994, presentaba errores por la falta de herramientas catastrales modernas y de coordinación con los registros de propiedad. Sostuvo que ya en 2019 su ministerio había advertido la necesidad de corregir estos límites mediante la Resolución Ministerial 267-2019-MC.
El ministro indicó que el cambio se basa en más de veinte años de estudios arqueológicos y científicos realizados por expertos nacionales y extranjeros. Añadió que cuenta con respaldo normativo, especialmente con lo dispuesto en el artículo 7, literal B, de la ley de creación del Ministerio de Cultura. Asimismo, precisó que no existe obligación legal de coordinar previamente con la Unesco antes de emitir resoluciones como la N.° 128-2025.
Respecto a las denuncias sobre contrataciones directas, Valencia negó tener vínculos sentimentales con alguna contratista del ministerio. También rechazó haber influido en la contratación de Shirley Hopkins Cerna, quien recibió tres órdenes de servicio por S/ 30,000 cada una. Afirmó que la profesional ya brindaba servicios antes de que él asumiera el cargo y que la contrataron bajo el régimen de locación de servicios, sin asignarle un puesto de confianza. Además, precisó que enviaron toda la documentación al Ministerio Público.
Afirmó que mantuvieron los requisitos del proceso de contratación e incluso elevaron la experiencia profesional exigida de cinco a diez años.
Al cierre de la sesión, el Congreso deberá evaluar si las respuestas del titular de Cultura son suficientes. Si no se cumple, los congresistas reunirán las firmas y activarán una moción de censura, que se admite con 25 firmas y se aprueba con 66 votos.
Cabe recordar que en abril de 2022 se presentaron iniciativas legislativas orientadas a limitar el nombramiento de ministros previamente censurados en otras carteras. Una de ellas fue el dictamen 4030/2022, propuesto por el congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, que planteaba prohibir el retorno de funcionarios censurados al gabinete bajo un cargo distinto. Sin embargo, el pleno del Congreso no debatió ni votó estas propuestas.
Por ejemplo, la inacción en estos proyectos permitió que Leslie Urteaga, censurada como ministra de Cultura, asumiera posteriormente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Durante su gestión en esta cartera, se registraron casos de contaminación en alimentos del programa Wasimikuna que afectaron a estudiantes en regiones como Piura y Amazonas.
Mientras tanto, la atención pública recae no solo en las respuestas de los ministros, sino también en los escaños vacíos y en la falta de consecuencias políticas. La interpelación del ministro de cultura y demás no puede convertirse en un acto simbólico si se busca preservar la función fiscalizadora del Parlamento.
Redacción por Germain Soto