La Ley Chlimper 2.0, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Congreso, no solo implicaría un recorte fiscal de más de S/1.850 millones al año y debilitaría el rol fiscalizador de la SUNAFIL, sino que además abriría la puerta a la compraventa del agua en el país.
Según Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), la ley permitiría que las asociaciones de usuarios transfieran excedentes hídricos a terceros, algo que está prohibido por la actual Ley de Recursos Hídricos (Ley N.º 29338), la cual establece que el agua es un patrimonio de la nación, no un bien comercial.
“El agua no puede tratarse como una mercancía. Es un recurso vital que pertenece a todos los peruanos”, advirtió Del Castillo en diálogo. Con esta modificación, las asociaciones que ahorren agua podrían disponer de ella como si fuera propia, sin rendir cuentas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), encargada de su redistribución.
La preocupación por el tráfico de agua no es nueva. En los años noventa, durante el régimen de Alberto Fujimori, se intentó privatizar este recurso, pero la propuesta fue rechazada. Fue recién en 2009, con Alan García, cuando se aprobó la actual normativa hídrica, tras años de debate y oposición al uso comercial del agua.
Hoy, con esta nueva ley, el riesgo de concentración en pocas manos vuelve a la escena. Del Castillo alerta que podría repetirse el escenario de Chile, donde empresas acapararon derechos de agua y provocaron desigualdades graves en el acceso.
Además, la Ley Chlimper 2.0 podría impactar negativamente a los pequeños agricultores. Aunque fomenta su asociación con grandes empresas, en la práctica, los coloca en una situación de subordinación económica bajo el modelo de agricultura por contrato. Así, el pequeño productor termina siendo proveedor de grandes compañías, pero sin condiciones equitativas.
Grandes proyectos como Olmos y Chavimochic —aunque no están directamente mencionados— podrían beneficiarse de este marco. Vendiendo sus excedentes hídricos y fomentando aún más la especulación en el sector.
“La ley debilita a la ANA y legaliza el mercado de agua en beneficio de unos pocos”, concluye Del Castillo.
Permitir que el agua —un recurso vital y limitado— se comercialice libremente no solo rompe con los principios constitucionales, sino que abre la puerta a la especulación y al acaparamiento por parte de quienes tienen más poder económico. La Ley Chlimper 2.0 no moderniza el agro: lo convierte en un negocio de unos pocos a costa del derecho de todos, legalizar el tráfico de agua es convertir la sed en mercancía.
Redacción por Germain Soto