El 11 de junio se llevó a cabo una audiencia crucial en segunda instancia sobre la sentencia de amparo interpuesta por la comunidad nativa de Shimpiyacu, del pueblo awajún. El objetivo: lograr la restitución de su territorio ancestral, invadido desde 1996.
La demanda, presentada con apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), se dirige contra varias entidades del Estado, incluyendo la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM), el Ministerio de Agricultura y el Ministerio Público, además de los propios invasores.
En la demanda se denuncian violaciones a derechos fundamentales como la propiedad comunal, la identidad cultural, el medio ambiente y el acceso a los recursos naturales. También se exige la restitución del territorio, la restauración ambiental y la actualización del catastro.
Según Fabiola Yaun, vicepresidenta de FERIAAM, “esperamos que la sala penal correspondiente falle a favor de la comunidad, reconociendo el derecho ancestral de posesión territorial que asiste al pueblo Awajún”.
La jueza de primera instancia se declaró incompetente para tratar el caso. Sin embargo, la defensa sostiene que el amparo es la única vía judicial posible. “La comunidad no tiene otro camino judicial para revertir esta situación”, indicó la abogada Cristina Gavancho, de IDL.
De ser favorable, la sentencia reconocería la imprescriptibilidad de las tierras indígenas, como establece el artículo 89° de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. “Solo pedimos lo que es nuestro. Nada más”, dijo uno de los comuneros.
Para Shimpiyacu, esta sentencia podría marcar el fin de una larga lucha o el inicio de un nuevo capítulo ante el Tribunal Constitucional.
Redacción por Germain Soto