La historia del despojo de tierras de la comunidad nativa Shimpiyacu, en San Martín, comenzó en 1996. Ese año, la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM) autorizó un proyecto agrícola que se superpuso al territorio comunal awajún, pese a que desde 1975 el Estado ya había reconocido formalmente 14,628 hectáreas a nombre de la comunidad.
Aunque la autorización fue anulada ese mismo año, ya se habían instalado los primeros invasores. Así nacieron centros poblados como La Verdad, Unión Progreso, Tornillal, Nueva Tacabamba y Nuevo Jaén. Durante los años siguientes, la comunidad Shimpiyacu enfrentó una fragmentación progresiva de su territorio ancestral.
Durante casi tres décadas, los comuneros han enfrentado invasiones, tráfico de tierras, acuerdos incumplidos y violencia. Las mesas de diálogo impulsadas por el Estado desde 2014 no han dado resultados efectivos. Entre 2000 y 2019, se realizaron al menos 14 asambleas con posesionarios precarios para negociar su retiro voluntario, pero todos los acuerdos fueron ignorados.
El conflicto ha tenido un alto costo humano. Desde 2018 se han registrado amenazas con armas, violencia física, acoso a mujeres, destrucción de viviendas y hasta cobros ilegales para acceder a las propias tierras comunales. Además, según la comunidad, los posesionarios han organizado «rondas campesinas» que actúan como grupos de control territorial, promoviendo el tráfico de tierras y expulsando a comuneros.
Actualmente, más de 2,200 hectáreas están bajo control de ocupantes ilegales. Lo que comenzó con 110 posesionarios, se ha convertido en una red de tráfico de tierras que amenaza la identidad, el sustento y el futuro del pueblo awajún.
“Esta tierra no es solo para sembrar. Es nuestra vida, nuestra historia. Aquí están enterrados nuestros abuelos, aquí crecen nuestros hijos”, expresó un comunero al salir de la última audiencia.
Redacción por Germain Soto