Tras 14 años de lucha legal, la comunidad quechua de Arboleda, en el distrito de Tiquillaca (Puno), obtuvo una sentencia firme que anula las concesiones mineras otorgadas en su territorio sin consulta previa. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno sentenció que el Estado violó el derecho de los pueblos originarios al imponer concesiones sin consultarlos.
El caso se remonta a 2011, cuando INGEMMET y el Ministerio de Energía y Minas aprobaron concesiones sin dialogar con la comunidad. Fue una de las primeras demandas en el país sobre este tema. “La comunidad quechua de Arboleda no pidió favores, exigió que se cumpla la ley. Hoy el Poder Judicial lo reconoce”, señaló el abogado del caso, Bayardo Chata.
Durante años, el proceso enfrentó trabas legales, desestimaciones y hasta la paralización del expediente en el Tribunal Constitucional. La sentencia actual aclara que la consulta debe realizarse antes de conceder cualquier derecho sobre el territorio. “Consultarle al pueblo sobre hechos consumados evidencia falta de buena fe”, enfatiza la resolución.
La comunidad fue respaldada por la asociación DHUMA y el Instituto de Defensa Legal (IDL), organizaciones que acompañaron su reclamo en un contexto de criminalización de la protesta.
Este fallo no solo devuelve a Arboleda el control sobre su territorio, también sienta un precedente claro: la consulta previa no es opcional, es un derecho que el Estado está obligado a respetar.
Redacción por Germain Soto