La autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) volvió al centro del debate nacional. El titular Vicente Paul Espinoza Santillán, denunció una presunta intervención del Ministerio de Educación (MINEDU) en la conformación del Consejo Directivo.
La controversia se originó tras la emisión de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU. De acuerdo con la SUNEDU, esta introduce criterios no contemplados en la Ley Universitaria para determinar la permanencia de los miembros. En una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, realizada el pasado 15 de junio, Espinoza sostuvo que la resolución ministerial incorpora la figura de «periodos complementarios», una interpretación que, a su juicio, no existe en la legislación vigente y que podría afectar la estabilidad institucional de la entidad.
El superintendente recordó que el artículo 17 de la Ley Universitaria establece que los integrantes del Consejo Directivo ejercen funciones por un periodo de 3 años. Afirmó que cualquier modificación mediante una resolución administrativa vulneraría la autonomía que la propia ley y el Tribunal Constitucional reconocen a la SUNEDU.
Según Espinoza, la preocupación se relaciona con la independencia técnica que debe mantener la institución frente a posibles presiones políticas. «La defensa de la autonomía no es un tema personal. Lo que se busca preservar es que las decisiones de la SUNEDU sigan respondiendo a criterios técnicos y no a intereses políticos», manifestó durante su exposición ante el Parlamento.
El origen del conflicto radica en la interpretación del periodo de gestión de Espinoza. El MINEDU sostiene que el actual superintendente fue designado para completar el mandato de Andrés Ramos Salas. Quien dejó el cargo antes de culminar su periodo. Bajo esa lógica, el nombramiento de Espinoza no habría iniciado un nuevo ciclo de tres años, sino únicamente la continuidad del mandato pendiente.
Ante esto, la SUNEDU rechaza esta interpretación y argumenta que la Ley Universitaria no contempla mandatos parciales ni periodos complementarios. Por ello, considera que la resolución emitida por el MINEDU constituye una modificación indirecta de la ley mediante una norma de menor jerarquía. En medio de la controversia, el Ministerio de Educación designó a Policarpio Chauca Valqui como nuevo representante del sector ante el Consejo Directivo de la SUNEDU. Dicha decisión incrementó las tensiones dentro de la institución.
El caso llega al Poder Judicial
Ante esta situación, la SUNEDU optó por trasladar el conflicto al ámbito judicial. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de amparo presentada por Espinoza contra las decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación. El proceso buscaría determinar si las medidas cuestionadas afectan la autonomía institucional del organismo regulador.
El expediente judicial ya fue notificado a las partes involucradas. El juzgado otorgó un plazo para la presentación de descargos antes de evaluar el fondo del caso. Desde la SUNEDU señalaron que el proceso no busca paralizar las funciones de la institución, sino obtener un pronunciamiento sobre los alcances legales de las resoluciones emitidas por el Ejecutivo.
Licenciamiento universitario en el centro del debate
Durante sus intervenciones públicas, Espinoza relacionó la controversia con la situación de 60 universidades públicas creadas por ley que aún no cuentan con licenciamiento institucional. Sostuvo que estas casas de estudio no pueden iniciar procesos de admisión si no acreditan las condiciones básicas de calidad exigidas por la normativa vigente.
«Las universidades pueden haber sido creadas por ley, pero si no cumplen las condiciones básicas de calidad no podrán admitir estudiantes», señaló. Para Espinoza, la firmeza de la Sunedu en estos procesos habría generado resistencias políticas, aunque no presentó pruebas directas que vinculen ambas situaciones.
Posiciones encontradas en el Congreso
La exposición del superintendente generó reacciones diversas entre los integrantes de la Comisión de Fiscalización. La congresista Tania Ramírez García, de Fuerza Popular, sostuvo que la Ley Universitaria debe respetarse en su integridad y cuestionó la resolución ministerial al considerar que podría afectar la independencia de la SUNEDU.
En el lado contrario el congresista Jorge Flores Ancachi, de Alianza Por el Progreso, señaló que la designación de Espinoza no inauguró un nuevo periodo y que su permanencia debería limitarse al tiempo restante del mandato anterior. Por otra parte, Ariana Orué Medina, congresista de la bancada de Lealtad Nacional, manifestó preocupación por las consecuencias operativas que podría generar la coexistencia de autoridades mientras el Poder Judicial resuelve el caso.
