En el marco de las celebraciones por el Día del Antropólogo, profesionales y autoridades del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú destacaron en Arequipa los alcances de la reciente Ley N.° 32667. Dicha norma modifica el marco legal de la profesión. Adicionalmente amplía la participación de estos especialistas en políticas públicas, planes de desarrollo y proyectos sociales y culturales.
La ceremonia se realizó en el Teatro Arequepay de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Reunió a representantes del colegio profesional, autoridades académicas y a la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, autora de la modificatoria legislativa aprobada recientemente por el Congreso de la República del Perú.
Esta reciente promulgación de la Ley N.° 32667 ha modificado el marco legal que regula el ejercicio de la antropología en el Perú. La norma establece que para ejercer la profesión será obligatorio estar colegiado en el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. Dispone además la incorporación de estos profesionales en procesos relacionados con políticas públicas, planes de desarrollo y proyectos de carácter social y cultural.
La reforma, aprobada por insistencia en el Congreso de la República, modifica la Ley N.° 24166, vigente desde 1985. Entre sus principales cambios se encuentra la incorporación del artículo 3, que establece la colegiatura obligatoria para ejercer la profesión en todo el territorio nacional.
El nuevo artículo 6 señala que instituciones públicas y privadas deberán incorporar la participación de antropólogos en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, planes de desarrollo concertado, planes ambientales, planes de vida y proyectos sociales y culturales. A su vez, estos instrumentos deberán contar con la firma de un antropólogo titulado, colegiado y habilitado
Para Víctor Gonzalo Cachay Malo, decano nacional del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, la norma permitiría que los profesionales de esta disciplina participen de manera más activa en la gestión pública y en proyectos de inversión. «Ahora vamos a comenzar a insertarnos en las políticas públicas, en los planes de desarrollo, en los proyectos de inversión pública. Nuestra participación permitirá mejorar la relación entre la población y el Estado y prevenir conflictos sociales», señaló.
Afirmó que los antropólogos trabajan directamente con el análisis de las dinámicas sociales y culturales de las comunidades. Esto les permite identificar posibles tensiones antes de que se conviertan en conflictos. «Cuántos millones de soles se han perdido por obras paralizadas. Muchas veces eso ocurre porque nunca se incorporó a profesionales que conozcan las características socioculturales de la población involucrada».
Una profesión con poca visibilidad laboral
Por otro lado, Rosario Turpo del Carpio, decana regional del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, sostuvo que uno de los principales problemas de la profesión ha sido la limitada presencia en espacios laborales. «Tenemos alrededor de 2600 antropólogos colegiados a nivel nacional, pero solamente unos 1200 se encuentran habilitados. Muchos no encontraron espacios laborales porque la profesión no era visibilizada dentro de los proyectos de desarrollo», indicó.
En Arequipa, el colegio profesional cuenta con 178 miembros, de los cuales 96 se encuentran actualmente habilitados. Turpo explicó que los antropólogos intervienen en áreas como gestión ambiental, saneamiento, relaciones comunitarias, prevención de conflictos sociales y proyectos de desarrollo territorial. «Somos quienes hacemos el nexo entre las comunidades, las instituciones y las empresas. En conflictos sociales o mineros, por ejemplo, el antropólogo cumple un papel fundamental para generar entendimiento entre las partes.»
La decana consideró que la nueva ley permitirá ampliar el campo laboral. También mejorará el reconocimiento profesional de los antropólogos tanto en entidades públicas como privadas.
La congresista María Elizabeth Taipe Coronado, resaltó que a través de esta ley se desea corregir una situación que perjudicaba a antropólogos de manera constante. Los antropólogos competían por puestos de trabajo con profesionales de otras especialidades pese a contar con formación específica para abordar problemáticas sociales. «Muchas veces no tenemos oportunidades laborales porque competimos con economistas, agrónomos o docentes en áreas donde el antropólogo tiene competencias específicas relacionadas con el trabajo social y comunitario», sostuvo.
La parlamentaria señaló que la presencia de estos profesionales podría contribuir a reducir conflictos en proyectos de inversión pública. «En muchos proyectos hay paralizaciones porque no se trabaja adecuadamente la parte social. El antropólogo tiene la capacidad de dialogar con la población, comprender sus dinámicas culturales y explicar los beneficios de las obras.» Taipe añadió que la reglamentación de la norma permitirá definir con mayor precisión los espacios donde deberán participar los antropólogos dentro de la administración pública.
Cambios después de cuatro décadas
Desde el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú consideran que la Ley N.° 32667 constituye la modificación más importante realizada a la norma original en más de cuarenta años.
La reforma también fortalece la estructura descentralizada del colegio profesional. Amplía sus funciones en ámbitos relacionados con la protección del patrimonio cultural, la defensa de las lenguas originarias, la gestión ambiental, la interculturalidad y la participación ciudadana.
Los representantes del gremio esperan que la norma se traduzca en una mayor presencia de antropólogos en gobiernos regionales, municipalidades, ministerios y proyectos de desarrollo a nivel nacional.