El 12 de marzo, el Congreso de la República aprobó una ley que impone mayores restricciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta medida ha generado controversia y preocupación en distintos sectores.
Las comunidades indígenas son las más afectadas. La norma dificulta el trabajo de las ONG en la defensa de sus derechos. Según el periodista Marcos Sifuentes, esta ley pone en riesgo la investigación y denuncia de delitos ambientales, asesinatos de líderes indígenas y derrames de petróleo en territorios nacionales. También podría afectar la visibilización de casos de abuso sexual dentro de la iglesia.
Casos clave que dependen de las ONG
Las ONG han sido fundamentales en brindar asesoría legal gratuita a víctimas de vulneraciones por parte del Estado. Casos como las esterilizaciones forzadas y las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori son claros ejemplos de como afecta la falta de acceso a la justicia, haciendo que el apoyo de estas organizaciones sea indispensable para que las víctimas puedan exigir justicia y reparación.
Preocupaciones sobre la libertad de asociación
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que esta norma se asemeja a legislaciones de regímenes autoritarios en América Latina. Su aplicación podría restringir la libertad de asociación. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertó sobre un «grave retroceso democrático». La ley podría afectar sectores clave como salud, educación y la lucha contra la corrupción.
Consecuencias para la ciudadanía y las ONG
La periodista Rosa María Palacios advierte que estas regulaciones podrían limitar la participación ciudadana y el acceso a recursos internacionales. También denuncia que muchas personas en situación de pobreza perderán el acceso a asesoría legal gratuita en sus litigios contra el Estado.
¿Qué sigue para las ONG en Perú?
El nuevo marco normativo cambiará la forma en que las ONG gestionan sus recursos y establecen alianzas internacionales. Ante esta situación es importante respaldar su labor y exigir garantías para que puedan seguir defendiendo a quienes más lo necesitan
Nota de: Angela Mendoza