Actores peruanos como Carlos Victoria, María del Pilar Ríos y Javier Mendoza, junto con diversos colectivos culturales, han expresado su rechazo a la modificatoria de la Ley N° 28131, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante. La protesta se ha extendido a espacios públicos y redes sociales. Artistas han manifestado su preocupación y exigido un debate más amplio sobre la reforma. Representantes del sector han solicitado reuniones con legisladores para discutir los alcances de los cambios propuestos y buscar garantías para los trabajadores de la cultura.
La Ley N° 28131, promulgada en 2003, regula los derechos laborales de artistas intérpretes y ejecutantes. La reforma modifica los artículos 6°, 15°, 16°, 18°, 21° y 50° para adaptarlos a lo digital. Se plantea que los artistas tengan derecho exclusivo sobre la reproducción y distribución de sus interpretaciones, incluyendo difusión en plataformas digitales. También se propone una remuneración equitativa por comunicación pública en radio, televisión e internet.
Gremios culturales advierten que estos cambios pueden afectar la estabilidad laboral. Un análisis jurídico sobre la Ley N° 28131, publicado por la Universidad de San Martín de Porres indica que la reforma no establece mecanismos claros de fiscalización. Lo que dificulta la aplicación efectiva de derechos laborales. Además, la reforma no garantiza estabilidad contractual, dejando a los artistas vulnerables ante productoras y plataformas digitales. También señala la preocupación por la remuneración de comunicación pública, ya que no hay criterios claros para su implementación, lo que podría generar conflictos en la negociación de pagos.
El Ministerio de Cultura ha impulsado la revisión de la ley vigente con el objetivo de adaptarla a las nuevas condiciones del sector. Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, señaló que la modificatoria busca reconocer derechos laborales, previsionales y patrimoniales para los artistas. Sin embargo, actores como Luis Gutiérrez, intérprete de teatro, han expresado su preocupación: «Esta reforma no responde a las necesidades reales de los trabajadores del arte. Nos deja en una situación de mayor precariedad». Por su parte, Ana Salazar, actriz y activista cultural, enfatizó que «el reconocimiento de derechos debe ir acompañado de medidas concretas que garanticen estabilidad laboral».
En paralelo, colectivos culturales han organizado actividades para informar al público sobre las posibles repercusiones de la reforma. A través de foros, declaraciones en medios y movilizaciones, los artistas buscan respaldo ciudadano para presionar por un debate más amplio sobre la normativa. El Ministerio de Cultura aún no ha emitido un pronunciamiento detallado frente a las críticas. Mientras tanto, el gremio artístico mantiene su postura firme: los cambios propuestos deben garantizar condiciones justas para los trabajadores de la cultura.
Nota de Jessimiel Rosas Callata