Por unanimidad, el Consejo Regional de Arequipa aprobó la creación de la Mesa Regional para la Prevención y Atención de los Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas (MUITF). Una instancia que buscará articular acciones entre diferentes instituciones para prevenir una problemática que continúa afectando a niñas y adolescentes pese a los avances normativos alcanzados en el país.
La ordenanza fue impulsada por la Comisión de la Mujer, Niña, Niño y Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor, presidida por Marleny Arminta Valencia, consejera regional de Arequipa. La iniciativa pretende coordinar acciones de prevención, protección y restitución de derechos frente a los matrimonios y uniones tempranas, así como fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores de salud, educación, justicia y protección social.
En la sesión de consejo llevada a cabo el pasado 23 de Junio , la consejera Arminta señaló que muchas de estas situaciones continúan siendo toleradas por prácticas culturales arraigadas. «Una niña está para tener ilusiones, para soñar con estudiar, para procurarse una profesión o dedicarse a un oficio. Posteriormente, cuando tenga la madurez pertinente, decidirá ser madre o no, y sobre todo con quién se casa o con quién se une, no que se lo impongan», afirmó.
Una práctica que persiste pese a la prohibición legal
Por otra parte, Ana María Gutiérrez Valdivia, vicegobernadora regional de Arequipa, explicó que el matrimonio infantil quedó prohibido en el Perú con la Ley N.° 31945, promulgada en noviembre de 2023. A pesar de ello, las uniones forzadas aún continúan produciéndose y representan actualmente uno de los principales desafíos.
Según datos expuestos en plena sesión, entre 2017 y 2022 se registraron 2,025 matrimonios de adolescentes en el país. Del total, el 90.6 % correspondió a uniones entre adolescentes y personas adultas, mientras que el 9.4 % ocurrió entre adolescentes. «Una de cada tres mujeres se casó o se unió cuando todavía era menor de edad», señaló Gutiérrez, citando información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
La vicegobernadora dio a conocer que las principales consecuencias de estas uniones son la deserción escolar, embarazos adolescentes, limitaciones para acceder a oportunidades laborales y una mayor exposición a situaciones de violencia y dependencia económica. «Las niñas pierden su niñez, dejan de aprender y ven reducidas sus oportunidades de desarrollo».
Embarazo adolescente y zonas vulnerables
En Arequipa se registraron 331 casos de embarazo adolescente durante 2025. En lo que va de 2026 ya se reportan 163 casos. La mayor incidencia se concentra en Majes-El Pedregal, seguido por sectores como Ciudad de Dios y La Joya. Al mismo tiempo, el año pasado se registraron 271 nacimientos de madres adolescentes en la región, en tanto en lo que va del presente año ya se contabilizan 113 recién nacidos vivos de madres menores de edad.
Para la vicegobernadora, estos indicadores evidencian la necesidad de una intervención articulada. «El reto es que la ley prohíbe los matrimonios, pero lo que sigue ocurriendo en la mayoría de casos son uniones de hecho. Por eso esta ordenanza plantea trabajar tanto en la prevención como en la atención de estos casos».
Derechos de niñas y adolescentes
La jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi Tejada, respaldó la iniciativa y recordó que las niñas y adolescentes son sujetos de derechos y no objetos de tutela. «La niñez no es una ciudadanía en desarrollo, sino una ciudadanía plenamente reconocida que merece toda la protección de la familia, la sociedad y el Estado».
La representante de la Defensoría del Pueblo indicó que tanto los matrimonios como las uniones tempranas constituyen una forma de discriminación y vulneración de derechos, debido a las relaciones desiguales de poder que suelen existir entre adolescentes y personas adultas. Además, este tipo de unión termina limitando el derecho de muchas cosas básicas en dicha etapa. «Las niñas y adolescentes no se encuentran en una situación de libertad para decidir su proyecto de vida. Estas uniones limitan su acceso a la educación, a la salud y las exponen a situaciones de violencia».
De igual manera sostuvo que la reciente ley que prohíbe el matrimonio infantil aún no cuenta con reglamento, por lo que consideró fundamental que los gobiernos regionales impulsen mecanismos propios para enfrentar el problema.
Campañas y trabajo interinstitucional
La ordenanza contempla campañas informativas, fortalecimiento de capacidades de las instituciones responsables de educación, salud, protección y justicia, además de acciones para garantizar la permanencia escolar de niñas y adolescentes. También promoverá el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, atención en salud mental y medidas de protección integral para quienes se encuentren en situación de riesgo.
Al cierre del debate, la consejera Marleny Valencia resaltó que con la creación de esta mesa regional Arequipa se está adelantando de alguna manera a la reglamentación nacional mediante acciones concretas. «Arequipa está dando un paso adelante. Lo que queremos es prevenir las uniones de hecho y proteger el proyecto de vida de nuestras niñas y adolescentes».
Con la aprobación de esta ordenanza, la región contará por primera vez con una instancia especializada para monitorear, coordinar y promover acciones orientadas a erradicar una problemática que, pese a los cambios legales, continúa presente en diversos sectores del país.
¿Qué establece la Ley N.° 31945 y por qué aún existe preocupación?
Desde noviembre de 2023, el matrimonio infantil está prohibido en el Perú gracias a la promulgación de la Ley N.° 31945, norma que eliminó cualquier excepción legal que permitiera el matrimonio de personas menores de 18 años.
La ley modificó diversos artículos del Código Civil para establecer que ninguna persona menor de edad puede contraer matrimonio, ya sea ante una municipalidad o una notaría. Además, permitió que quienes se hubieran casado siendo menores de edad antes de la entrada en vigencia de la norma puedan solicitar la anulación de dicho matrimonio. Antes de esta modificación, la legislación peruana contemplaba excepciones que autorizaban matrimonios adolescentes bajo determinadas circunstancias, situación que fue eliminada por considerarse una vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, dicha prohibición legal no ha erradicado completamente el problema. La principal limitación de la norma es que regula únicamente el matrimonio formal, pero no las uniones tempranas o convivencias informales entre adolescentes y personas adultas. Precisamente, estas uniones representan el principal problema. Muchas de ellas ocurren fuera de cualquier registro oficial, por lo que no existen estadísticas completas sobre su verdadera magnitud.
