Mientras el país se alista para conmemorar el Día del Campesino, el Congreso aprobó en primera votación la controvertida Ley de Promoción Agraria, conocida como “Ley Chlimper 2.0”. Pero más allá del impacto fiscal, uno de los aspectos más graves de esta nueva norma es el debilitamiento de la fiscalización laboral. Según el investigador Eduardo Zegarra, la ley limita la capacidad de SUNAFIL para supervisar las condiciones laborales en las grandes empresas, orientando su intervención hacia sectores informales. Esta decisión afecta directamente a un rubro donde el 94% de los contratos son temporales y apenas un 2% de los trabajadores está sindicalizado.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto a diversas federaciones agrarias, sostiene que esta norma consolida un modelo que se apoya en la precarización laboral y el desamparo del pequeño productor, hecho que preocupa a una semana del día del campesino. En un pronunciamiento conjunto, alertan: “Desde un plano laboral, la situación es alarmante.
El 94 % de los contratos en el sector agrario son temporales. Esto refuerza un régimen de desprotección, impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita gravemente la libertad sindical. La tasa de sindicalización en el agro ha caído a un mínimo histórico de 2 %. Todo ocurre en un contexto donde abundan los despidos arbitrarios, las represalias contra dirigentes y la hostilidad abierta hacia la organización sindical.
Este escenario revive un capítulo doloroso en la historia reciente del agro peruano. El apodo “Ley Chlimper” remite a la legislación instaurada en los años 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Fue promovida por el entonces ministro José Chlimper, también empresario agroexportador. Aunque se presentó como una medida temporal, se extendió por más de quince años. Finalmente fue derogada en 2020, tras años de protestas que fueron duramente reprimidas.
“La represión en el ámbito de influencia de la agroindustria se ha cobrado la vida de cinco trabajadores desde el 2020. En Ica, Isaac Ordoñez y Andy Panduro quedaron parapléjicos durante la represión de ese año, y hay decenas de heridos más. Las empresas también violentan a los dirigentes sindicales a través de la criminalización.
En Ica, la organización CÍVICA, liderada por Cilloniz, ha denunciado a 25 personas sin ninguna prueba. “Los mantiene en esta situación ya por cinco años”, señala Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El único avance en materia de justicia ha sido la condena del Poder Judicial contra los suboficiales José Hoyos Agip y Víctor Bueno. El Poder Judicial sentenció a José Hoyos Agip y Víctor Bueno a 10 y 12 años de prisión, respectivamente, por asesinar a tres manifestantes durante un paro agrario.
Mientras miles de campesinos sostienen con su trabajo las cadenas alimentarias del país, esta ley refuerza un modelo que no los incluye. A pocos días del 24 de junio, día del campesino, el mensaje que deja el Congreso es claro. Los beneficios siguen concentrándose en los grandes grupos económicos, mientras los verdaderos protagonistas del agro continúan esperando políticas que los protejan, reconozcan y dignifiquen.
Redacción por Germain Soto