Gracias a una investigación periodística de Lima Gris, han salido a la luz cuestionamientos sobre las contrataciones bajo la modalidad CAS (Contrato Administrativo de Servicios) en el Ministerio de Cultura en Ica por beneficiar a personas vinculadas a ciertos funcionarios. La reciente convocatoria para un cargo clave en la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica parece reforzar esa percepción.
El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una forma de contratación temporal en el Estado peruano, pensada para cubrir plazas sin generar vínculo laboral permanente. Sin embargo, su uso reiterado ha generado cuestionamientos sobre su transparencia y posible uso político.
En febrero de 2025, se publicó el concurso CAS N.° 072-2025-MC para ocupar la subdirección de la DDC Ica. El perfil solicitado era técnico y específico, y ofrecía un salario de S/ 6,906. No obstante, el proceso fue retirado tras una denuncia interna que señaló que se trataba de un puesto de confianza, no convocable por concurso. Poco después, el entonces director Alberto Martorell renunció a su cargo.
Semanas más tarde, bajo una nueva gestión, se publicó otra convocatoria. El nuevo concurso, CAS N.° 296-2025-MC, fue lanzado el 10 de junio, en pleno escándalo por la reducción del área protegida de las Líneas de Nasca. Esta vez, el puesto fue denominado “Coordinador/a de Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad”, y los requisitos fueron significativamente reducidos: menos años de experiencia exigidos, menor salario y mayor facilidad para postular. Estas condiciones coinciden con el perfil de Jeanette Gutiérrez, actual subdirectora, lo que alimenta sospechas de que el proceso se ajustó a su favor.
Expertos y fuentes cercanas al caso cuestionan por qué se insiste en convocar un cargo ya ocupado, en lugar de aclarar su naturaleza. El cambio de denominación, la flexibilización de condiciones y la coincidencia con una funcionaria en ejercicio refuerzan la idea de que se trata de una convocatoria diseñada para asegurar continuidad con mayor estabilidad laboral.
Estas prácticas erosionan la confianza en las instituciones y reflejan un uso discrecional del aparato estatal. Si el Ministerio de Cultura busca realmente proteger el patrimonio, debería empezar por garantizar transparencia en su gestión interna, como es el caso de Ica. Porque no solo se defiende lo cultural en el terreno: también se cuida con reglas claras y procesos justos.
Redacción por Germain Soto