El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se deslindó de la producción de un video institucional que habría costado S/ 55 mil y que, según el reportaje “Lavada de cara olímpica” del programa Punto Final, buscaba mejorar la imagen del ministro de Educación, Morgan Quero. El material audiovisual fue grabado durante una jornada deportiva realizada en el distrito de Río Santiago (Amazonas), en la frontera con Ecuador, y mostró a estudiantes Awajún y Wampis participando en actividades deportivas.
Pese a que no hay una denuncia formal por parte de las comunidades participantes, el uso de sus imágenes en un video institucional vinculado al Ministerio de Educación (Minedu) reavivó el debate sobre cómo el Estado utiliza elementos culturales indígenas sin una participación activa o consulta previa real.
La Nación Wampis, por ejemplo, ha mostrado anteriormente su rechazo a que se banalicen o malinterpreten sus prácticas, especialmente tras las declaraciones de Morgan Quero en abril, cuando insinuó que la violencia sexual infantil podría ser una “práctica cultural” en la zona. En ese contexto, Lennina Tukupi, comunicadora del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, respondió: “El abuso sexual contra niños y niñas no es una práctica cultural de los Wampís, es un delito”.
El ministro se disculpó públicamente pocos días después, reconociendo que su expresión fue “inapropiada” y que no pretendía justificar ninguna forma de violencia. Sin embargo, el incidente dejó una marca en la relación entre el Minedu y los pueblos originarios.
A esta polémica se suma el hecho de que el gasto de S/ 55 mil en la grabación del video no figura en el Plan Operativo Institucional del IPD, lo que ha motivado cuestionamientos desde lo legal y ético.
“El uso del dinero tiene que ser para satisfacer las necesidades del usuario final; el usuario final no es el ministro, es el escolar que estuvo corriendo bajo la lluvia”. sostuvo el abogado Cristian Castillo para Punto Final.
El IPD, en un comunicado oficial, rechazó cualquier intento de vincularlo a actividades ajenas a sus funciones y reafirmó su “compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos”. Su presidente, Federico Tong, evitó declarar ante la prensa sobre el tema.
Más allá del desmentido institucional, el caso deja en evidencia cómo las culturas indígenas siguen siendo utilizadas como decorado simbólico para reforzar narrativas de gestión estatal, muchas veces sin garantizar un enfoque intercultural real.