sábado, julio 5, 2025
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Ministerio de Cultura firma alianza con asociación vinculada a teorías paranormales

La firma de un convenio con la Asociación Pi Rambla Heritage, liderada por un investigador de teorías paranormales, genera preocupación en el ámbito académico y cultural.

El Ministerio de Cultura, a través de su Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco, firmó un convenio con la Asociación Pi Rambla Heritage para impulsar investigaciones arqueológicas. Sin embargo, la trayectoria de su representante, el italiano Anselmo Pi Rambla, ha encendido las alarmas entre especialistas y comunidades locales.

Un convenio polémico El acuerdo, suscrito el 24 de septiembre de 2024, busca promover el “Proyecto Qosqo” en colaboración con entidades científicas internacionales. Según el exdirector de la DDC Cusco, Régulo Gilberto Franco Jordán, el objetivo es ampliar el conocimiento sobre las culturas preincas e incas mediante investigaciones interdisciplinarias.

¿Investigación o pseudociencia? La controversia en torno al trabajo del representante de la Asociación Pi Rambla Heritage

Anselmo Pi Rambla es conocido por promover teorías sobre civilizaciones intraterrestres y sociedades solares. En el pasado, lideró excavaciones en Cusco en busca de “tesoros ocultos”. Estas acciones fueron denunciadas por el Instituto Nacional de Cultura ante la UNESCO por daños al patrimonio.

Páginas 26 y 27 de la revista Mas Alla, correspondiente al N°144/ 2/ 2001, nótese a Anselm Pi presidente de la empresa Boric Ruz SAC , el buscador del Avalón

Diversas organizaciones, como la Asociación de Comunidades Campesinas del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, han exigido la anulación del convenio. Consideran que se está validando una narrativa sin sustento científico, que distorsiona la historia andina y promueve un enfoque neocolonial.

Aunque el Ministerio sostiene que los proyectos deben cumplir con la normativa vigente y serán supervisados. El historial del investigador y la falta de respaldo académico generan dudas sobre la rigurosidad del convenio. El caso plantea una tensión entre la apertura a nuevas propuestas y la responsabilidad institucional de proteger el patrimonio cultural. La comunidad científica y las autoridades locales exigen transparencia y criterios técnicos claros para evitar que el legado histórico del país sea instrumentalizado por intereses ajenos a la investigación seria.

Nota de Jessimiel Rosas

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