La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) se encuentra en el centro de una investigación por un presunto desfalco superior a los S/ 5.9 millones. Luego de que un informe pericial identificara una serie de transferencias irregulares realizadas durante casi una década desde cuentas institucionales a la cuenta personal de un trabajador del área de Tesorería.
Según la documentación presentada por las actuales autoridades universitarias, los movimientos financieros se habrían ejecutado entre los años 2016 y 2025 sin contar con autorizaciones o documentos que justificaran el traslado de los fondos. El dinero provenía principalmente de pagos efectuados por estudiantes, como matrículas y otros conceptos académicos, además de recursos propios de la universidad.
Esquema operó durante casi diez años
El informe pericial, elaborado por la contadora Francisca Begazo Chalco, concluyó que existió un patrón sistemático de transferencias. De acuerdo con la investigación, los recursos eran retirados de la cuenta recaudadora de la universidad y posteriormente transferidos a una cuenta destinada al pago de remuneraciones y beneficios del personal. Finalmente, parte de estos fondos terminaban en una cuenta de ahorros perteneciente a Leoncio Ccalloapaza Canaza, trabajador de la Dirección de Tesorería.
La pericia determinó que al menos S/ 2 millones fueron depositados directamente en la cuenta personal del funcionario investigado. Solo durante el año 2024 se registraron depósitos mensuales entre S/ 63 mil y S/ 197 mil, montos que superaban ampliamente los ingresos que percibía como servidor público.
Investigación se inició tras cambio de gestión
Las irregularidades fueron detectadas durante el proceso de transferencia administrativa realizado en 2025. Según informó el director general de Administración, Christian Zapata Manrique, una revisión interna de los movimientos financieros permitió identificar operaciones sin sustento documental, motivo por el cual se dispuso la elaboración de un peritaje especializado.
Tras conocerse los resultados, la universidad presentó una denuncia ante la Contraloría y posteriormente formalizó el caso ante el Ministerio Público. Actualmente, la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Posibles delitos y responsabilidades
El asesor legal de la universidad, Roberto Barriga Valencia, indicó que los hechos investigados podrían configurar los delitos de apropiación ilícita y peculado. Paralelamente, la UNSA inició procedimientos administrativos internos, dispuso cambios en la estructura de la Dirección de Administración y estableció nuevos mecanismos de control. Las actuales autoridades universitarias señalaron que las transferencias cuestionadas se habrían producido durante diferentes periodos de gestión rectoral, por lo que las investigaciones deberán determinar si existieron otros funcionarios con conocimiento o participación en los hechos.
El caso fue difundido públicamente por los asambleístas universitarios Ubaldo Enrique Aguirre, representante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Jerónimo Miguel Gutiérrez Sonco, representante de la Facultad de Derecho, quienes solicitaron una auditoría integral y sanciones para todos los responsables. Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Docentes de la UNSA (SUDUNSA), Roger Tahua Delgado, confirmó que la Fiscalía ya realiza las diligencias correspondientes y sostuvo que la investigación no debería limitarse a una sola persona.
Mientras continúan las investigaciones fiscales y administrativas, la universidad busca recuperar la confianza de estudiantes, docentes y trabajadores, además de determinar el destino final de los fondos presuntamente desviados durante casi diez años.
Por: Hibria Mendoza.