A pesar del tiempo transcurrido desde las últimas elecciones, la crisis política en Ecuador se mantiene. En medio de una creciente militarización, conflictividad institucional y violencia, la reciente reelección de Daniel Noboa frente a Luisa Gonzales, consolidada en un clima de excepción, continúa generando dudas sobre el rumbo democrático del país y su impacto regional, especialmente en Perú. Los cuestionamientos sobre el proceso electoral, la represión estatal y el uso del poder militar como herramienta política mantienen viva la preocupación por la fragilidad institucional en Ecuador.
Reelección en crisis política de Ecuador
En 2023, tras la disolución del Congreso decretada por Guillermo Lasso —la conocida “muerte cruzada”— se adelantaron las elecciones. En octubre, Noboa ganó la presidencia en segunda vuelta con un discurso centrado en la renovación, la firmeza y el combate al crimen.
Durante su primer mandato, la crisis política de Ecuador enfrentó problemas de seguridad, recesión económica, apagones y conflictos diplomáticos, como la incursión policial a la embajada mexicana en Quito.
En la campaña de 2025, el mandatario se presentó como defensor del orden. El 13 de abril fue declarado vencedor en segunda vuelta, en una elección controvertida: González denunció irregularidades y no reconoció los resultados: “Quiero ser muy clara y enfática: la Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking y las estadísticas. Hoy, no reconocemos los resultados”.
Militarización y represión
La campaña transcurrió bajo condiciones de militarización. En enero de 2024, el Ejecutivo declaró al país en “conflicto armado interno”, autorizando al Ejército a patrullar calles y prisiones. Aunque un referéndum avaló esta medida con el 72% de apoyo, también surgieron múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos.
Uno de los casos más graves fue el de los “Cuatro de Las Malvinas”: adolescentes afroecuatorianos secuestrados y asesinados presuntamente por militares en Guayaquil. «Quedó claro que fueron los militares quienes, abusando de su poder, los secuestraron y asesinaron. Luego intentaron encubrirlo», explica el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga. A pesar de las promesas de justicia, organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de justificar los abusos y emplear la violencia como mecanismo de control.
El panorama democrático también se deterioró. La vicepresidenta Verónica Abad fue apartada de su cargo de manera irregular y reemplazada por una figura cercana al presidente. El Consejo Nacional Electoral prohibió el uso de celulares durante la votación, argumentando razones de seguridad. José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión electoral de la Unión Europea expresó preocupación por la transparencia del proceso.
Seguridad sin garantías
El Plan Fénix, principal política de seguridad del gobierno, prometía restaurar el control estatal. De acuerdo al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional de Ecuador, inicialmente, la tasa de homicidios se redujo, pero enero de 2025 se convirtió en el mes más violento de los últimos tres años, con casi 24 asesinatos diarios. Aumentaron las denuncias por extorsión y el miedo restringió la vida pública, sobre todo entre jóvenes.
En lo económico, Ecuador cerró 2024 en recesión (-0,4%) según el Fondo Monetario Internacional, con aumento del desempleo y la pobreza. La falta de inversión en infraestructura energética provocó apagones prolongados que afectaron a millones de personas. Un préstamo de 4.000 millones de dólares otorgado por el FMI ofreció alivio, pero la recuperación sigue siendo débil. La campaña presidencial careció de propuestas económicas sólidas y se centró en la seguridad como eje dominante.
Crimen organizado y fronteras sin ley: el otro rostro del conflicto
Más allá de los centros urbanos, la violencia y el crimen organizado se expanden por las fronteras amazónicas de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Una investigación liderada por la Red Transfronteriza de Ojo Público, en alianza con medios regionales, ha revelado que en el 72% de las 75 localidades fronterizas analizadas hay presencia activa de grupos criminales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de armas.
En el caso ecuatoriano, trece cantones amazónicos forman parte de este mapa de riesgo, donde operan organizaciones como Los Lobos, Los Choneros y los Comandos de la Frontera, estos últimos aliados con disidencias de las FARC y con presencia en tres países. La tasa de homicidios en zonas como el cantón de Paquisha se ha quintuplicado entre 2019 y 2023, pasando de 21,1 a 105,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media nacional.
Estas bandas no solo gestionan rutas de narcotráfico, sino que también copan estructuras locales de poder y han intentado cooptar incluso a jueces. En Ecuador, los Comandos de la Frontera se han aliado con Los Lobos, quienes ya controlan el 75% del territorio ecuatoriano según reportes de inteligencia regional.
Mientras tanto, las fuerzas del orden estatales son escasas, débiles o cómplices. La falta de presencia policial en zonas como la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil ha facilitado el avance del crimen transnacional. En lugares como Caballo Cocha (Perú), las armas usadas en laboratorios de cocaína estaban registradas oficialmente como herramientas de caza. Y en comunidades como Cushillo Cocha, el cultivo de hoja de coca sigue en aumento, pese a los esfuerzos oficiales por erradicarlo.
Frente a esta realidad y crisis política en Ecuador, el estado de excepción decretado por Noboa no ha frenado la expansión del crimen organizado, sino que ha sido utilizado principalmente en contextos urbanos y políticos, dejando desprotegidos —o incluso estigmatizados— a los habitantes de territorios fronterizos.
“El crimen organizado usa las fronteras como lugares de tránsito de un lado al otro, porque no hay control”, advierte Andrés Caijao, especialista de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia. Sin acuerdos binacionales efectivos y sin una estrategia regional integral, la violencia en la Amazonía no hará más que alimentar la narrativa de guerra interna con la que Noboa ha sostenido su proyecto político.
Nota por Germain Soto