La protección del patrimonio arqueológico en Perú ha mostrado avances significativos en los últimos meses. Entre los hechos más destacados están la repatriación de 552 piezas culturales desde diversos países en la ceremonia de entrega oficial realizada en el Salón de Embajadores del Palacio de Torre Tagle , la recuperación de 42 objetos en Huacho y la devolución voluntaria de textiles prehispánicos en Lima. No obstante, estas acciones coexisten con preocupaciones sobre normas que, según la especialista Ana Cecilia Mauricio, debilitan los mecanismos de protección del patrimonio.
Avances recientes del Ministerio de Cultura
Especialistas del ministerio identificaron 42 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas Huaura y Chancay. Un ciudadano entregó los objetos —que datan de los periodos Horizonte Medio e Intermedio Tardío— luego de una inspección que realizó la Dirección de Recuperaciones en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, en la región Lima. Se aplicó la figura de “Protección Provisional” a un total de 188 bienes hallados, mecanismo que permite la adopción de medidas preventivas para garantizar su resguardo y evitar su posible deterioro o comercialización. Esta figura legal busca defender y conservar los bienes que, tras un análisis técnico, los especialistas pueden declarar parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
Por otro lado, en una ceremonia organizada junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, se recibió un conjunto de 552 bienes culturales procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Canadá y Estados Unidos. Entre ellos, 524 piezas arqueológicas de culturas como Nasca, Moche, Wari y Chimú-Inca, además de documentos históricos, monedas y pinturas virreinales.
Críticas al nuevo reglamento
Pese a estos esfuerzos, se ha manifestado una preocupación por nuevas disposiciones normativas impulsadas desde el propio ministerio. El Decreto Legislativo 1680, conocido como DAS (Diagnóstico Arqueológico de Superficie), permite que se declare la inexistencia de restos arqueológicos en un área sin verificación posterior, solo con una declaración firmada por un arqueólogo. Las imágenes que pueden adjuntarse tienen baja resolución, y no se exige información técnica detallada.
Cecilia Mauricio profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exploradora del National Geographic aseguró: “la precisión de las imágenes permitidas equivale a observar el terreno desde Google Earth. Pero quienes usamos drones en nuestros trabajos arqueológicos sabemos que una foto aérea que permita ver construcciones y objetos en superficie debe tener una resolución menor de 10 cm/px, es decir, al menos el doble de precisión”.
Aseguró que el reglamento no exige información técnica detallada ni planos precisos, y tampoco contempla que el ministerio revise los documentos enviados. En la práctica, esto convierte el procedimiento en una declaración jurada sin verificación estatal, lo que, genera la posibilidad de intervenciones que podrían afectar zonas con potencial arqueológico aún no identificado.
Otro cambio cuestionado es la propuesta de clasificar los sitios arqueológicos en categorías A, B y C. Los de categoría C, considerados de bajo potencial informativo por su estado actual, pueden ser sometidos a “rescate arqueológico”, es decir, excavaciones que pueden implicar su desaparición. Sitios hoy reconocidos como fundamentales —como Caral, Cerro Sechín o las Líneas de Nazca— podrían haber sido descartados en su momento si solo se hubiera evaluado la superficie visible en etapas iniciales. “¿Cuál es el beneficio de esta categorización para el patrimonio?”, se pregunta Mauricio.
“Las investigaciones y hallazgos arqueológicos ayudan a reescribir la historia y la arqueología contribuye a fortalecer nuestra identidad cultural y nacional”, sostuvo el arqueólogo peruano Pieter Van Dalen, quien destaca que esta ciencia aporta a otras disciplinas y se vincula estrechamente con ellas para conocer, identificar, conservar y revalorar el conocimiento y el patrimonio material heredado de las antiguas civilizaciones.
Un compromiso en tensión
Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Los especialistas del ministerio evalúan las denuncias presentadas, activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprenden acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo. Sin embargo, las nuevas normativas y la flexibilización de procedimientos generan dudas sobre la eficacia de la protección del patrimonio arqueológico a largo plazo.
Nota de Germain Soto