Amnistía Internacional, el movimiento integrado por 10 millones de personas que apelan a nuestro sentido de humanidad, lanzó en su más reciente actualización sobre la situación de los derechos humanos en el mundo una dura crítica al gobierno peruano, señalando múltiples retrocesos legislativos, impunidad en casos de violencia estatal y amenazas contra sectores vulnerables, como líderes indígenas, personas LGBTI, mujeres y migrantes.
“Estaban en curso las investigaciones penales sobre las 50 muertes y los centenares de lesiones registradas durante las protestas que habían tenido lugar entre diciembre de 2022 y febrero 2023.”, el informe afirma que no hay avances significativos en referencia a los acontecimientos ocurridos en manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.
En julio de 2024, el Ministerio Público presentó cargos contra varios altos mandos militares y policiales, además de una denuncia constitucional contra la presidenta y cinco exministros luego de que el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciaran el archivamiento de la investigación por genocidio.
La situación se agrava con una serie de proyectos de ley que restringen la financiación y las actividades de organizaciones de la sociedad civil. Según Amnistía, estas reformas “restringían el espacio de la sociedad civil y su financiación exterior y tipificaban infracciones administrativas para las acciones que alteren el orden público”, en un claro intento de limitar la libertad de asociación y expresión.
Human Rights Watch también ha expresado preocupación por la tendencia autoritaria del Congreso peruano. En su informe 2024, la organización afirmó que «Algunos sectores del Congreso han socavado los controles a su poder, debilitando así las instituciones independientes y la protección de derechos».
La impunidad en crímenes históricos también es alarmante. En agosto, se promulgó la Ley 32107, que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, contraviniendo tratados internacionales firmados por el Perú, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Esta ley va contra tratados internacionales que Perú ha firmado, como la Convención de 1968 sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que exige que esos delitos nunca pierdan vigencia judicial, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Si bien algunos jueces se han resistido a aplicarla, como en el caso Huanta, el Congreso continúa impulsando proyectos como la Ley 7549, que busca amnistiar a funcionarios implicados en abusos cometidos durante el conflicto armado interno.Si este proyecto se aprueba, podría impedir que se haga justicia en cientos de casos de ejecuciones, desapariciones, torturas o violaciones cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo.