La reforma de la Ley de Extinción de Dominio, regulada por el Decreto Legislativo N° 1373 y modificada por la Ley N° 32326, ha generado controversia en el ámbito jurídico. La modificación, que ahora exige una sentencia firme para proceder con la incautación de bienes vinculados a delitos, ha sido interpretada por algunos sectores como una maniobra que podría favorecer a figuras acusadas de corrupción.
La iniciativa para modificar esta norma fue presentada por la bancada de Fuerza Popular en noviembre de 2022 y obtuvo el respaldo de una mayoría legislativa en diciembre de 2024. Durante la votación en el Pleno, las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, el Bloque Magisterial y Somos Perú apoyaron mayoritariamente la reforma. Entre los congresistas que votaron a favor se encuentran Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular); Waldemar Cerrón, Margot Palacios y Flavio Cruz (Perú Libre); así como Lady Camones, María Acuña y Alejandro Soto (APP).
El cambio normativo desata controversia
Los impulsores de la modificación sostuvieron que era necesario reforzar el debido proceso y evitar incautaciones prematuras que pudieran afectar derechos fundamentales. No obstante, críticos advierten que varios grupos políticos están vinculados a líderes y empresarios actualmente bajo investigación fiscal. Esto ha generado dudas sobre las verdaderas intenciones detrás del reciente cambio normativo aprobado por el Congreso.
Uno de los casos que ha causado más polémica es el del expresidente Alejandro Toledo, actualmente investigado por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, la nueva ley también podría beneficiar a otros políticos involucrados en procesos similares, incluidos los vinculados al caso Odebrecht. Especialistas en derecho penal, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Proética, advierte que exigir una sentencia firme podría dificultar el decomiso de bienes ilícitos. Esto reduciría la eficacia de esta herramienta en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
La falta de transparencia en el debate legislativo y la rapidez con la que se aprobó la modificación también han sido objeto de cuestionamientos. Organizaciones civiles y analistas han advertido que esta reforma podría sentar un precedente que permita debilitar otras normativas. Nuevas leyes podrían ser orientadas a la recuperación de activos ilícitos, amparándose en argumentos similares relacionados con el debido proceso. El impacto de esta reforma aún está por verse, pero lo cierto es que ha transformado el panorama jurídico y político del país.
Nota de Jessimiel Rosas Callata