El Congreso de la República aprobó por mayoría la ley de modificación al Código Penal que permite la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros capturados en flagrancia delictiva.
Aunque la medida ha sido presentada como una respuesta para reforzar la seguridad ciudadana, analistas como el abogado penalista César Nakazaki y el Observatorio Parlamentario advierten que la norma presenta vacíos legales y posibles vulneraciones a la Constitución.
Con 97 votos a favor, el Congreso exoneró de segunda votación la iniciativa —sustentada en los proyectos de ley 621/2021 y 1554/2021— y ahora el Ejecutivo debe promulgarla. Esta norma autoriza a jueces penales a ordenar la expulsión durante la audiencia de control de detención o en un plazo máximo de 24 horas, siempre que se compruebe la flagrancia. “La medida busca acelerar el retiro de personas extranjeras involucradas en hechos delictivos”, señala el texto aprobado por el Congreso.
Riesgos constitucionales en su aplicación
No obstante, el abogado penalista César Nakazaki advirtió que esta disposición es inconstitucional, ya que permite expulsar a personas sin un proceso judicial completo. En una entrevista con Canal N explicó “La flagrancia permite la detención, no sustituye el proceso legal necesario para determinar la culpabilidad y aplicar sanciones”.
Nakazaki precisó que existe ya un mecanismo legal – el proceso inmediato – que permite una respuesta judicial rápida sin vulnerar el debido proceso. “Lo correcto sería aplicar un proceso inmediato, con resolución judicial previa. Solo así podría ejecutarse una expulsión dentro del marco constitucional”, sostuvo.
Observaciones del Observatorio Parlamentario
Un análisis técnico del Observatorio Parlamentario también alerta sobre el riesgo de transgredir el debido procedimiento en sede administrativa o el debido proceso penal al permitir la expulsión sin una sentencia judicial. “Considerar que el extranjero debe ser expulsado para que sea juzgado en su país de origen no resuelve el problema principal”, señala el informe. En su lugar, recomienda fortalecer las normas migratorias para mejorar el control en las fronteras y el ingreso al país.
Costos, fronteras y límites operativos
Más allá del plano legal, la norma enfrenta serías dificultades logísticas. El propio documento legislativo reconoce que el Perú no cuenta con un control efectivo de fronteras, lo que podría facilitar el retorno ilegal de los expulsados, señaló Nakazaki. Además, existen obstáculos prácticos, como el alto costo de las deportaciones y la posibilidad de que algunos países —como Venezuela— no acepten a sus ciudadanos retornados.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estima que el 5% de la población penitenciaria está conformada por extranjeros, en su mayoría detenidos por delitos contra el patrimonio (43%) y tráfico ilícito de drogas (24%). El Estado invierte aproximadamente S/ 900 mensuales por cada persona privada de libertad, lo que representa un gasto anual de más de S/ 18,000 por interno.
¿Solución real o respuesta simbólica?
Nakazaki también planteó el riesgo de que esta nueva legislación se convierta en una “ley acento”, más simbólica que operativa. “Las personas necesitan soluciones, no una ley que no se aplique”, declaró. Advirtió que implementar la expulsión sin proceso judicial generaría una “avalancha de habeas corpus” que podría frenar su ejecución.
El análisis concluye que, si bien la ley de expulsión de extranjeros busca dar una respuesta a la demanda de mayor seguridad, lo hace a costa de debilitar garantías constitucionales y podría contravenir tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Internacional sobre los derechos migratorios y de sus familiares.
Redacción por Germain Soto