El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 100 % a todas las películas producidas fuera de EE. UU. La medida, aún en fase de propuesta, implicaría que las compañías deban pagar el doble de su costo original para distribuir sus producciones en el país, con el objetivo de fortalecer la industria cinematográfica nacional. Sin embargo, la posible decisión ha generado preocupación entre distribuidores y cineastas, quienes advierten sobre su impacto en la diversidad cultural y el acceso a contenido extranjero.
Según la administración, los incentivos fiscales otorgados a producciones internacionales han debilitado la competitividad del cine estadounidense. No obstante, especialistas en la industria cinematográfica señalan que esta política podría encarecer la importación de películas extranjeras, afectando no solo las salas de cine tradicionales, sino también plataformas de streaming que dependen de una oferta variada.
En Latinoamérica, la medida podría restringir la llegada de producciones regionales al mercado estadounidense, reduciendo oportunidades de distribución y afectando acuerdos comerciales establecidos. Según datos de Motion Picture Association, la industria cinematográfica de EE.UU. generó 279 mil millones de dólares en ventas en 2022. Más de 2.3 millones de empleos. Sin embargo, el informe ProdPro 2025 Outlook Report, publicado en enero de este año, reveló una disminución del 26% en el gasto de producción dentro del país, impulsando a estudios a buscar incentivos en países como Canadá, Reino Unido y Australia.
El impacto en Latinoamérica podría ser significativo. México y Argentina en conjunto aportaron más de 300 millones de dólares en exportaciones cinematográficas en 2024, enfrentarían barreras adicionales para ingresar al mercado estadounidense. Distribuidores independientes también expresan inquietudes por la viabilidad financiera de proyectar cine latinoamericano en EE.UU. con costos incrementados.
Gobierno estadounidense aún no ha definido los detalles de la implementación. La comunidad cinematográfica internacional sigue de cerca las repercusiones de esta política en el comercio y la difusión cultural. Organizaciones del sector y cineastas latinoamericanos han solicitado una revisión de la medida, argumentando que podría limitar el intercambio cultural y perjudicar industrias emergentes.
Nota de Jessimiel Rosas Callata