A pesar de las reiteradas denuncias sobre la pesca de anchoveta por debajo de la talla mínima permitida, el Perú ha iniciado la primera temporada de pesca industrial de 2025 con una cuota histórica de 3 millones de toneladas, la segunda más alta en los últimos trece años. La presidenta Dina Boluarte destacó el arranque de la campaña como reflejo de una “gestión basada en ciencia, sostenibilidad y visión de futuro”.
Sin embargo, esta bonanza pesquera contrasta con cuestionamientos sobre la regulación de la actividad extractiva. Solo semanas antes, en mayo de 2024, de acuerdo al Ministerio de Producción (PRODUCE), ya se había descargado más de 1.2 millones de toneladas en apenas tres semanas, lo que marcó un ritmo de pesca inusualmente alto. Según el presidente de la ONG Oannes, Francisco Miranda, este desempeño se explicaba por una biomasa “saludable” y una “velocidad de captura impresionante”.
No obstante, en abril de 2024, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) presentó una denuncia ante Indecopi para que se declare ilegal o carente de razonabilidad la norma que prohíbe capturar anchoveta de menos de 12 centímetros, medida que actualmente busca garantizar que los ejemplares se reproduzcan antes de ser extraídos del mar. La SNP argumenta que esta restricción carece de un sustento científico formal y plantea que (PRODUCE) debería basarse en estudios específicos para establecer dicha talla.
Expertos en conservación marina, como Juan Carlos Riveros de Oceana Perú, han advertido que reducir o eliminar la talla mínima debilitaría la capacidad de recuperación del recurso, afectando la sostenibilidad de la especie. Por su parte, el Sindicato de Pescadores de Chimbote consideró que el pedido de la SNP “tiene un carácter claramente depredador” y alertó sobre el riesgo de repetir el colapso de la anchoveta ocurrido en los años 70.
Esta controversia se suma a antecedentes registrados en 2020, cuando una investigación de Mongabay Latam publicada en junio de 2020, reveló que grandes pesqueras capturaron sistemáticamente juveniles por encima del límite permitido, recibiendo, además, rebajas millonarias en las sanciones impuestas.
Aunque el Gobierno asegura que el manejo pesquero se basa en información científica y que el IMARPE realiza monitoreos constantes, los críticos sostienen que las instituciones responsables carecen de herramientas efectivas para frenar prácticas que comprometen la sostenibilidad a largo plazo.
Mientras se debate el futuro de esta norma técnica, la pesca de la anchoveta en el Perú continúa operando con cifras récord, en un escenario donde el crecimiento económico del sector parece imponerse a los cuestionamientos sobre su regulación.
Redacción de Germain Soto