El Archivo General de la Nación (AGN) enfrenta un desalojo forzado de su sede en el Palacio de Justicia, ordenado por el Poder Judicial, sin contar con un espacio adecuado para albergar documentos de más de 200 años de antigüedad. Organismos internacionales como International Council on Archives advierten que la medida pone en peligro la memoria histórica del Perú, mientras el Ministerio de Cultura prioriza plazos sobre protocolos de conservación.
Orden judicial y contradicciones en la ejecución
El 30 de octubre de 2024, el Poder Judicial notificó al AGN que debía desalojar 5,115 m² en el Palacio de Justicia antes del 31 de enero de 2025, bajo el argumento de recuperar espacios para sus propias operaciones. Sin embargo, el Ministerio de Cultura (MINCUL) no presentó un plan viable para reubicar los documentos históricos, pese a que el proyecto de una sede definitiva en Pueblo Libre lleva 18 años paralizado.
La situación se agravó con la destitución del entonces jefe del AGN, Nicolás Díaz Sánchez, quien se opuso a trasladar los archivos sin garantías técnicas. «Se expone esta documentación a moverse de un lugar a otro», declaró Díaz antes de su salida. Mientras tanto, el MINCUL y el Poder Judicial firmaron un acuerdo a espaldas del AGN, comprometiéndose a un desalojo progresivo sin consultar a especialistas en conservación.
Advertencias internacionales y espacios inadecuados
La gravedad del caso traspasó fronteras cuando el Consejo Internacional de Archivos (ICA) emitió un oficio en febrero de 2025, calificando el desalojo como un «riesgo extremo» para el patrimonio documental, comparable a «guerras o desastres naturales». El organismo destacó que los documentos peruanos son parte de la memoria mundial, incluyendo piezas únicas como el Protocolo Ambulante de los Conquistadores (1533).
Pese a esto, el Mincul insistió en trasladar los archivos a espacios como un sótano con tuberías y la Sala Kuelap, rechazados por informes internos del AGN por condiciones inapropiadas de humedad, luz y seguridad. «No se adapta para repositorios. Necesitan espacios oscuros y control climático», señaló un técnico del AGN en un documento filtrado.
Un plan acelerado y sin transparencia
Bajo la nueva jefatura de Graciela Rengifo, el AGN implementó un plan de desalojo en tres etapas (2025-2026), pero trabajadores denuncian irregularidades. «Ya no se cuentan folios, solo cajas. No hay forma de saber si se pierden documentos», reveló una fuente interna.
Además, un informe de marzo de 2025 confirmó que la Biblioteca Nacional —otro destino propuesto— carece de capacidad para albergar los archivos debido a hacinamiento y humedad. Las críticas crecieron cuando el sindicato del AGN reveló que Rengifo actuaba bajo órdenes del Mincul: «He venido a ejecutar el encargo del ministro», dijo según un comunicado.
Promesas incumplidas y un futuro incierto
En septiembre de 2024, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, prometió que el AGN no se movería hasta tener sede definitiva, pero en enero de 2025 firmó el acta de desalojo. Mientras, en marzo, el Mincul anunció S/ 50 millones para iniciar la construcción en Pueblo Libre, aunque expertos son escépticos: «En 4 años tendría que salir todo perfecto. Es un sueño», afirmaron.
La historiadora Natalia Sobrevilla resumió el conflicto: «Es un atentado contra la historia. ¿Por qué el ministro tiene tanto apuro?», cuestionando incluso un posible conflicto de interés, dado que Valencia enfrenta un caso judicial relacionado con el Poder Judicial.
El desalojo del Archivo General de la Nación no es solo una disputa por espacios, sino una crisis institucional que amenaza la preservación de la memoria histórica peruana. Con plazos impuestos, informes ignorados y una sede definitiva en el limbo, el patrimonio documental del país queda a merced de decisiones improvisadas.
Redacción por Germain Soto